En un amplio reportaje publicado en septiembre de 2015 en una revista de corte internacional, la periodista Lydia Cacho definió a Tulum como “Tierra de Ambiciones”, un lugar en el que – afirmó- han hecho mancuerna empresario corruptores y políticos corruptos en un afán ilícito por cometer despojo en detrimento de sus legítimos propietarios. Y ese delito, tipificado en los  artículos 158 y 159 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de  Quintana Roo se ha convertido, lamentablemente, en un sello distintivo de un municipio maniatado por el poder autocrático tradicional.

En el amplio reportaje publicado en la edición de Nesweek en español, una víctima de despojo cuya identidad se protegió, afirmó que durante el gobierno estatal pasado se cometieron dos formas de invasión de terrenos: “la elegante y la callejera”. En la primera el delincuente se apoyaba – con la complicidad de autoridades corruptas- en juicios laborales  amañados en los cuales un trabajador inexistente demandaba un presunto despido injustificado. Una Junta de Conciliación condescendiente con el “trabajador” condenaba en un término récord de tres meses al pago de cantidades millonarias y luego, de inmediato, se procedía al embargo y adjudicación de terrenos propiedad del demandado en favor del accionante.

Varios propietarios de centros de hospedaje a la orilla del mar, fueron despojados de sus terrenos sin que fueran notificados en ningún momento de la existencia de los reclamos laborales y se enteraban cuando el aparato de estado ( actuarios, personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, policías municipales y en ocasiones ministeriales) allanaban la propiedad para lanzar al propietario; incluso se atrevieron en 2014 a desalojar arbitrariamente a una veintena de huéspedes extranjeros que eran ajenos al litigio simulado. En 2012, el abogado de 40 propietarios de inmuebles en Punta Piedra, Álvaro López Joers, fue asesinado.

Tres años antes, en 2009, fue ultimado el periodista independiente José Alberto Velásquez, quien había sido amenazado por el entonces presidente municipal Marciano Dzul Caamal, señalado como principal cacique y terrateniente de Tulum y hermano de la actual alcaldesa Romalda.

La otra forma de despojo es la callejera, la que tradicionalmente alientan líderes y lideresas  identificadas con el Partido Revolucionario Institucional, como ofrecimiento o promesa a cambio del sufragio en las urnas. En Tulum el PRI, con Romalda Dzul, se alzó como triunfadora absoluta en los pasados comicios del 5 de junio del año pasado.

En la madrugada del 2 de octubre de 2016, a ocho días de haber asumido el cargo el nuevo gobernador electo, Carlos Joaquín González, un grupo de al menos 600 personas invadieron terrenos propiedad del Instituto de Patrimonio Inmobialiario (IPAE), mismos que son investigados por la presunta venta irregular a varios ex funcionarios de la administración del ex gobernador Roberto Borge. Más tarde una distinta oleada de personas se apoderó de otra franja cercana.

Los líderes visibles, encabezados por Fernando Rodríguez Izquierdo, quien se ostenta como abogado, se escudaron en el derecho constitucional a la vivienda y en el reclamo de que el gobierno no los tomaba en cuenta en proyectos de dotación de tierras, los cuales por cierto fueron inexistentes en los últimos dos sexenios. El día de la invasión, curiosamente, alrededor de doscientos taxistas, afiliados a una organización priísta, acudieron también a “limpiar su terreno”.

La mano del PRI fue notoria; pero tenía también el propósito de medir la capacidad de respuesta del gobierno entrante, proveniente de una coalición conformada por el PAN-PRD. Los líderes manejaron dos escenarios probables: el gobierno no actúa, no reprime ni presenta denuncias formales para no provocar un conflicto social o simplemente se sienta a negociar. En cualquiera de los casos, los invasores ganaban.

El 4 de octubre, dos días después de la invasión de terrenos, el subsecretario de gobierno en la zona norte, Jesús Pool Moo, en representación del gobernador del estado, logró tras un intenso debate la firma de un convenio en el que los líderes de la toma irregular de tierras, se comprometían a desalojar los predios con la promesa de que el gobierno diseñaría un Plan de Desarrollo Social, acorde al Plan de Desarrollo Estatal, para que en un plazo estimado de seis meses (salvo caso fortuito o fuerza mayor) pudiera presentar una estrategia  de vivienda para quienes acreditaran ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) cumplir con una serie de requisitos, entre ellos el de exhibir constancia de no propiedad. Se instaló posteriormente una mesa de recepción de documentos y de información para todos los interesados. Algunos, muy pocos, decidieron abandonar los terrenos por cuenta propia.

No obstante lo anterior, los cabecillas visibles del despojo empezaron a sentirse con derechos reales sobre los terrenos invadidos. Actuando como ejecutivos de una inmobiliaria permitieron nuevos miembros hasta llegar actualmente a cerca de tres mil, autorizaron cesiones y traspasos entre quienes por alguna razón decidieron lucrar con el esfuerzo y las penurias de los primeros días y a cobrar cuotas de representación creyendo que el gobierno de Carlos Joaquín era proclive al chantaje político. Empezaron a difundir el mensaje de que el colectivo había votado por el cambio, cuando en realidad mayoritariamente habían sido activistas de Mauricio Góngora y Romalda Dzul.

Con ese ánimo equivocado, los líderes recibieron el pasado 9 de febrero a Jesús Pool Moo, quien acudió para recordarles el compromiso rubricado en una documento de tres cuartillas, es decir el de abandonar los terrenos en los que se habían asentado sin derecho. Pero los líderes, encauzados por Pérez Izquierdo (quien en 2012 fue acusado de presuntamente manosear a una adolescente, según la averiguación previa 374/2012 radicada en la Agencia investigadora de Tulum) se envalentonaron y con actitud desafiante desconocieron todo trato, negaron su palabra empeñada y exigieron que fuera el propio gobernador del estado a dialogar con ellos, restándole autoridad al enviado de la Secretaría de Gobierno. En pocas palabras dieron a entender que nadie tiene derecho tan siquiera a insinuar que la posesión de los terrenos invadidos deriva de un ilícito penal. 

La visita del subsecretario - quedó claro ese día - fue expresamente una cortés pero firme  llamada al orden y a la legalidad, aun cuando la gente de Venancio Caamal, Rocio Ocaña, Cristino Aké, José Manuel Estrada, Martín Gil Burgos, Albina Amador y Fernando Rodríguez Izquierdo dijeron sentirse ofendidos por el mensaje institucional, acostumbrados a los pactos bajo la mesa y a la componenda política. 

La segunda llamada fue un intento loable de negociación y entendimiento del gobierno de Carlos Joaquín González; el camino que sigue está contemplado en la Constitución y sus leyes secundarias.