Al final de 2014 dejé este espacio pensando que Marín me despediría por abandono de trabajo; sin embargo, al recibirme  afectuosamente, evita que usted deje de sufrirme y que yo demande a MILENIO una jugosa indemnización laboral. Ni modo, resignémonos, estimado lector.

Así las cosas, Sin rodeos destaca hoy una realidad inocultable y dañina, que es urgente corregir: en México la Justicia está secuestrada por gobernantes y gobernados, siendo el crimen de mayor impacto para toda sociedad. Me remito a los hechos:

1.- En los distintos niveles de gobierno existen policías, investigadores, fiscales y jueces que son honestos, capaces, comprometidos con la ley y la justicia; que ponen en riesgo sus vidas y que pocas veces, o nunca, son bien remunerados; que excepcionalmente —sobre todo si los acribillan— reciben homenajes, con el consabido “murió en el cumplimiento de su deber”.

2.- La sociedad es, también, de manera habitual atropellada por policías, investigadores, fiscales y jueces, con frecuencia vinculados a mafias o abogados sinvergüenzas, que para el caso son lo mismo. De ahí la desconfianza, el miedo y el rechazo generalizado de los ciudadanos a los encargados del orden, los de procurar justicia y los de impartirla; pagando justos por pecadores, perdiendo todos y generándose un círculo perverso.

3.- La sociedad, en ocasiones apoyada en hechos ciertos o inducida y conducida por algunos medios de comunicación y periodistas sin ética, equivoca el camino sustituyendo a las deficientes instituciones públicas, en vez de exigirles, y sin el menor miramiento prejuzga, sentencia y lincha —verbalmente o de hecho— a los imputados, sea por lo que realmente sucedió o con base en la “información” recibida. De esta manera, los derechos humanos, garantizados por la Constitución y los tratados internacionales, primero son conculcados por la autoridad y, en seguida, por la colectividad. Pero ahí no termina todo, sigue la masacre.

4.- Los órganos del Estado, altamente infiltrados por ineptos y delincuentes, en muchas ocasiones actúan y deciden bajo la presión social, manifestada a través de marchas, plantones y vandalismo. Conceden a los violentos lo que piden; no son raras las torturas para arrancar “confesiones”, pues urge “satisfacer” a la sociedad; se “siembran” pruebas; se consigna a inocentes o no se persigue a culpables; se dan condenas injustas y absoluciones aberrantes, porque la autoridad se siente más obligada a obsequiar, rápidamente, el reclamo que se deriva de la “sentencia social”, que a resolver conforme a la ley en pro de la justicia. Por eso no son raras las recriminaciones entre fiscales y jueces. La sociedad no confía en ellos, ni ellos confían entre sí.

Cuando la verdad no importa, la ley no vale, la autoridad no sirve y el pueblo dicta “sentencias”, la Justicia está secuestrada. ¡Debemos liberarla!

ADENDUM. Piensa Joaquín que Después de lo que hemos visto/ solo se puede entender/ que te llamen “Anticristo”/ si hay hueso que defender.