Ayer la diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XV legislatura de Quintana Roo, presentó una iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo. Se trató de un madruguete que no tiene el consenso de una amplio sector de los periodistas del estado, que además no toma en cuenta la iniciativa que envió el gobernador Carlos Joaquín González, en el sentido de no reformar la ley, sino de abrogarla.

Solís Salazar no entendió que los foros, que además excluyeron a periodistas de varios municipios, entre ellos a los de Solidaridad, realizados del 20 al 24 de junio del año en curso, no fueron ni serán determinantes, ya que por lo menos en el realizado en Cancún, varios periodistas rechazaron participar por considerarlos viciados desde la convocatoria. En aquella ocasión, se invitó a los legisladores presentes a reflexionar, que hay un contexto distinto, a nivel nacional, que pugna porque se federalicen los delitos contra periodistas, pues no hay confianza, entre otras cosas, por la integración del sistema conformado por una junta de gobierno, un consejo consultivo y ahora, una Fiscalía investigadora.

La intención del Ejecutivo no fue abrir la puerta para derogar artículos en la Ley Borge, que desde su origen en el régimen más corrupto de la historia de Quintana Roo, fue muy cuestionada; de hecho, jamás protegió a los periodistas de los ataques y delitos fabricados en su contra por parte del Estado. El propósito fue abrogarla, y con ello, poner a trabajar al Legislativo, vía la comisión que preside Solís Salazar, para crear una ley que sí proteja y dé certidumbre a quienes nos dedicamos a este noble oficio, que un grupo muy reducido de mal llamados periodistas, desafortunadamente envilece.

La iniciativa de la diputada Solís Salazar no aporta nada nuevo, aun cuando señala que pretende hacer que exista una ley que se encuentre acorde a las circunstancias actuales que vive la sociedad (…) Si esto fuera verdad, y hubiese una preocupación genuina detrás de su intención, y no política -además azuzada por un grupúsculo de “periodistas” que no representan al amplio sector de nuestra comunidad- entonces la diputada ya sabría que suman al menos una decena de informadores amenazados de muerte, que han preferido acogerse al sistema federal, porque el estatal no representa garantía alguna de seguridad. En este sentido, es mejor que se genere un mecanismo de enlace con la Federación, a una ley parchada que causa solo desconfianza en el sector.

Pero esta iniciativa está fundada, además, en una revancha personal de Solís Salazar, por aquella manifestación en el foro de Cancún de periodistas que explicaron sus razones del por qué se opta por la abrogación y no una reforma. No le cayó nada bien, que esa expresión genuina, ocurriera en ese foro.

La iniciativa fue turnada a comisiones. Esperamos desde luego un criterio más amplio de los legisladores, para retomar el espíritu del Ejecutivo, y se abrogue una ley que se pretende parchar.

¡No a la Ley Borge!