MÉRIDA, Yuc.- A pesar de los intentos que realizó por años para no llegar a un acuerdo con los afectados por el desfalco de más de 71 millones de pesos, el empresario Arturo Millet Reyes enfrenta ahora un proceso en el Juzgado Segundo Penal por el delito de fraude.

La causa penal es la 23/2017 de este tribunal que lleva el sistema escrito, ya que la denuncia se presentó en enero de 2014, cuando aún no entraba en vigor en Mérida el modelo de justicia acusatorio y oral.

Por ello, el juez segundo penal de Mérida, Luis Felipe Santana Sandoval, expidió la orden de aprehensión contra Arturo Millet Reyes por el delito de fraude.

Los demandantes son los empresarios Jorge Abimerhi Bodib y Eduardo Abimerhi Oliver, quienes por más de un año trataron infructuosamente de llegar a un acuerdo con Arturo Millet Reyes para que devolviera el millonario monto del fraude.

Venta falsa

El asunto comenzó el 26 de abril de abril de 2013, cuando los ahora denunciantes y Arturo Millet Reyes, celebraron un contrato de promesa de compraventa de un terreno en el ejido Temozón, del municipio de Mérida. El predio en cuestión es el tablaje catastral 21548 y consta de ocho hectáreas.

Sin embargo, todo se trató de una maquinación de Millet Reyes para obtener indebidamente recursos económicos, ya que sabía perfectamente que ya no tenía ningún derecho de dominio o posesión del predio, debido a que ya no era propiedad de la persona que representaba, pues ésta lo perdió en juicios civiles cuyas sentencias definitivas se dieron en 2012 y 2013.

A pesar de ello, Millet Reyes continuó con la venta de este inmueble e incluso en la cláusula segunda del contrato de promesa de compraventa aseguró que el predio no se encontraba sujeto a ningún procedimiento laboral, fiscal o administrativo.

También aseguró que tampoco era sujeto a un contrato o convenio con alguna persona física o moral que hiciera ilegal o impidiera la operación con los ahora demandantes, así como que el inmueble estaba libre de ocupantes, invasores o posesionarios.

La denuncia señala que precisamente esa cláusula demuestra la maquinación y el dolo para cometer el fraude, ya que existe un juicio civil ordinario marcado con el número 782/2008 en el Juzgado Tercero Mercantil de Mérida, promovido contra la Universidad Chapingo para que reconozca a la representada de Millet Reyes como propietaria del predio en cuestión.

El Ministerio Público solicitó el ejercicio de la acción persecutoria contra Arturo Millet Reyes, por lo que el Juzgado Segundo Penal expidió la orden de aprehensión correspondiente.