Los desastres naturales que se han ensañado con nuestro país han generado una vez más una ola de solidaridad. Ésta se ha encontrado con la irritación en contra de los partidos políticos y se ha traducido en la exigencia de que al menos una parte de los recursos públicos destinados a éstos se done a los damnificados. Es un idea lógica, atractiva y nociva.

La propuesta se apoya en un generalizado enojo ciudadano que, incapaz de encontrar sus causas reales, ataca a las instituciones políticas más visibles, que son justamente las que permiten el acceso de la sociedad civil a los espacios del poder político: los partidos y las cámaras legislativas. El reclamo no tiene justificación en términos del monto que podría obtenerse de ello, entre 5 y 7 mil millones de pesos. Esa suma es muy inferior a la que resultaría de reducir, por ejemplo, las inmensas partidas del Gobierno Federal, de los estados y de no pocos municipios destinadas a la publicidad de sus titulares.

Otro tanto se puede decir de los gastos de viajes de funcionarios y comitivas, de comilonas y bacanales sin razón protocolaria, de los donativos a organizaciones empresariales y de otros gastos injustificables. Ni hablar de los enormes hurtos al erario, como los recientemente exhibidos pagos del Gobierno Federal a universidades por falsos servicios de éstas, y que se elevaron a más de 30 mil millones de pesos. Sin embargo, todos esos dineros sumados no representan una fracción importante de los impuestos no se le cobran a los multimillonarios. Con sólo gravar las utilidades bursátiles y cobrar regalías adecuadas a la explotación minera, las arcas públicas dispondrían de mucho más de lo que se podría quitar a los partidos.

La ira contra éstos es irracional, primero, porque dando prioridad a penalizarlos, a desquitarse por los privilegios que representan, se pierde de vista el tamaño real de su impacto en las finanzas gubernamentales; segundo, porque se deja de cuestionar el gran problema de los recursos públicos, que no es su manejo, incluyendo la corrupción, sino que se evita que quienes más ganancias obtienen paguen impuestos en proporción a ello, y, tercero, porque los partidos son instituciones de las que el voto y la participación ciudadana determinan su peso político y por ende su financiamiento público, a diferencia de cualquier espacio de gobierno, en donde el ciudadano no tiene ninguna injerencia.

En este escenario, sin embargo, lo realmente patético es ver a los dirigentes partidistas simular que ceden a la demanda de donar, incapaces de sostener en un debate franco la necesidad de sus gastos y de la función social misma de sus organizaciones, pero siempre dispuestos a burlar su compromiso de una u otra manera.