23 de Septiembre de 2018

Yucatán

Piden vigilancia y más personal en cárceles municipales

Los detenidos que son recluidos no se les practica exámenes médicos, en un lugar donde existen cuatro suicidios al año en estos sitios.

Las cárceles de los municipios presentan numerosas deficiencias. (Milenio Novedades)
Las cárceles de los municipios presentan numerosas deficiencias. (Milenio Novedades)
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Ana Hernández/SIPSE
MÉRIDA, Yucatán.- El informe de la Codhey establece la necesidad de que los municipios tengan personal y vigilancia para evitar más muertes de personas en las cárceles municipales;

Llos casos que han documentado evidencian que los detenidos son recluidos sin que se les practique exámenes médicos, siendo un promedio de cuatro casos fatales al año en estos sitios.

El ombudsman estatal, Jorge Victoria Maldonado, indicó que de 2008 al 30 de junio pasado se han documentado ya 21 fallecimientos en cárceles municipales. Yucatán tienen 106 municipios y cada uno tiene su espacio de retención.

La supervisión que hizo la Codhey en estos sitios documentó los 21 casos, los cuales han ocurrido dos en 2008; cuatro en  2009; cinco en 2010; tres en 2011; cuatro en 2012 y tres en lo que va de este calendario.

Al revisar la información, encontraron que más del 90 por ciento de los casos los fallecidos habían ingerido grandes cantidades de alcohol; también hallaron que se carece de exámenes médicos de ingreso, así como de vigilancia de los funcionarios policiales asignados a las cárceles, por lo cual los detenidos se quedan sin supervisión de las autoridades.

Ante ello, la Codhey ha emitido tres recomendaciones fundamentales a los alcaldes y comandantes de las policías municipales, para atender estos casos; la primera es una revisión médica detallada de cada persona arrestada.

La segunda es que cuando una persona arrestada esté bajo los efectos del alcohol, exista una estrecha coordinación entre el médico que realiza el diagnóstico y los policías de guardia.

La última recomendación es que los agentes municipales no descuiden en ningún momento la vigilancia de los detenido.

Investigación

Por otro lado, una investigación del Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos documentó graves evidencias de marginación, traslado involuntario, hacinamiento, vulneración al derecho humano a la salud, la educación, de la cultura y preservación de las comunidades indígenas de mujeres y niños chiapanecos. 

Ante esta situación, van a integrar una denuncia penal en contra quien o quienes resulten responsables por la presunta comisión del delito de trata de personas. 

Según la investigación, estas personas laboran en promedio 10 horas al día, ganan mil pesos mensuales sin comisiones, carecen de prestaciones laborales y viven en vecindades donde pagan rentas de 35 pesos al día en promedio. 

Todo el producto de la venta lo entregan a una mujer llamada “Juana”, su patrona, la que los “aloja” en “cuartos” de 9 metros cuadrados para dos personas. 

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