Está en espera de debatirse una ley de seguridad interior. Se ha dicho de todo acerca de esta ley ha encontrado numerosas presiones a favor y en contra de su eventual discusión, votación y aprobación.

Por un lado, organizaciones civiles señalan que tal ley significaría una “normalización” de la actuación del Ejército en las actividades que realiza desde hace casi 10 años, como resultado del apoyo al que fueron llamados para combatir al crimen organizado.

Apuntan que, si no está bien formulada, la ley en realidad obraría a favor de los militares y en detrimento de los ciudadanos, legalizando su poder en tareas para las cuales no los faculta la Constitución o favorecería los casos de abusos cuando las fuerzas armadas intervinieran para controlar situaciones de violencia en donde estén involucrados civiles.

Por otro lado, el Ejército, las Fuerzas Armadas y el gobierno plantean que esa ley es urgente para dar certidumbre jurídica a la presencia de los militares en las calles y “para delimitar las facultades legales de soldados y marinos en labores de seguridad interior”.

Los tres partidos de mayor representación en el Congreso han presentado igual número de propuestas, pero la presión contraria a la emisión de esta ley sin un consenso adecuado está permeando en la opinión pública y versiones periodísticas apuntan a que incluso el proyecto no lograría siquiera llegar a debate, lo que no impediría que las fuerzas armadas siguieran realizando el trabajo que hacen fuera de sus cuarteles.

Independientemente de ello, la realidad es que el proyecto de ley pone de relieve un tema pendiente como es la intervención del Ejército en tareas de seguridad nacional, adicional a la labor que corresponde constitucionalmente a las corporaciones policiacas estatales y federales, que en algunos estados han sido superadas en número, capacitación y tecnología por las organizaciones criminales. Es un debate que, en realidad, debería estar centrado en la profesionalización de las policías estatales y municipales, que son las autoridades más cercanas al ciudadano.

En el foro público sobre la ley de seguridad interior también resalta el temor social a posibles violaciones a los derechos humanos por militares, de los que algunos casos han sido llevados a la jurisdicción internacional y se han vuelto referencias, como el de Rosendo Radilla, detenido ilegalmente en agosto de 1974, en el contexto de la llamada “guerra sucia”.