Luis Fuente/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- Los cuatro detenidos por ser presuntos clonadores de tarjetas de crédito –un peruano y tres mexicanos- fueron liberados por el Ministerio Público por falta de elementos, pero el extranjero fue puesto a disposición de Migración para definir su estancia en el país.

El motivo fue que la empresa afectada se limitó a poner la denuncia en la que solo hizo un relato de cómo sucedieron los hechos, pero no aportaron pruebas para sustentar la acusación.

Incluso, a pesar de que la Fiscalía General del Estado solicitó que se presentara a declarar el cajero que atendió a este grupo para identificarlos, la empresa hizo caso omiso a esa petición.

Como hemos publicado, el pasado viernes 1 de mayo, Máximo Andrés Araujo Alvarado –de origen peruano- y los mexicanos Milton Carlo Roble Palacio, María Maricela Ramos Martínez y Mía Guadalupe Murillo Carrillo fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado acusados de ser clonadores de tarjetas e intentar efectuar una compra fraudulenta en la tienda Sam’s Club de prolongación Paseo de Montejo.

La FGE inició la carpeta de investigación 1168/M3/2015 por la denuncia interpuesta por el apoderado legal del establecimiento afectado, Paulino Navarro Tamayo.

Computadora de 45 mil pesos

En la demanda se menciona que estos cuatro individuos acudieron al negocio mencionado, donde intentaron comprar una computadora portatil MacBook Air, cuyo precio es de 45 mil pesos, pero al realizar la operación entregaron una tarjeta de crédito que el sistema de seguridad del comercio rechazó.

Este grupo de personas salieron corriendo y abordaron el Jetta gris plata placas UTZ-260-B de Quintana Roo, pero fueron detenidos posteriormente.

Al término de las 48 horas que otorga la ley para determinar si los acusados son presentados ante un juzgado de control, el Ministerio Público consideró liberar a este grupo de personas por falta de elementos, debido a que la empresa afectada no aportó las pruebas para sustentar la acusación.

Sin embargo, el extranjero fue turnado a la delegación del Instituto Nacional de Migración para que se haga una revisión de su estancia en el país y, si es ilegal, proceder a su deportación.