Mientras en el Senado se ha trabado la polémica Ley de Seguridad Interior (LSI), que no hace más que regular la actuación de nuestras fuerzas armadas para darles certidumbre de qué pueden y qué no pueden hacer en actividades de seguridad pública, el gobierno sigue analizando estrategias para contener la violencia enquistada en varias regiones del país, con un saldo mortal que cada día se incrementa a niveles récord.

Según el vocero de Los Pinos, Eduardo Sánchez, al iniciar el sexto año de gobierno de Enrique Peña Nieto y de cara a la elección presidencial de 2018, “el presidente va a entregar buenas cuentas a los mexicanos” y este año trabajarán para cumplir “lo que no se pudo antes” porque su jefe “se ha rifado por México, ha trabajado con pasión, con energía, lo veo hasta horas tarde, permanentemente pegado los temas, a cumplir lo que ofreció…”

Es entendible que la preocupación por los temas desvelen a los funcionarios y más al jefe de la nación, pero mejor sería que se ocuparan de ellos para evitar noches de insomnio, porque en el tema de seguridad, hasta quienes se oponen a que los militares realicen labores de policías, admiten que no hay corporaciones civiles capaces de contener a los grupos delincuenciales, salvo contados estados, como Yucatán.

¿Y qué se ha hecho aquí? Cumplir con la tarea, hacer lo que deben de hacer, desde los gobiernos (estatal y municipal) hasta los agentes. Los primeros se han ocupado de crear estrategias que incluyen a la sociedad, como el programa Escudo Yucatán, establecer una policía coordinada, y dotarles a los agentes mejores quipos, brindarles capacitación y, lo mejor, pagarles mejores sueldos para que desempeñen su labor con eficiencia, responsabilidad y compromiso con sus conciudadanos.

En Mérida, por ejemplo, a los militares se les ve en los desfiles o cuando realizan alguna diligencia en Banjército, no patrullando calles, esto gracias a lo mencionado arriba. Por eso Yucatán se ha consolidado como un estado seguro. Guardadas las proporciones, esto no se ha logrado en Tamaulipas, Sinaloa, Baja California Sur, Puebla, Edomex, Veracruz y otras entidades, donde la seguridad se ha militarizado, en gran parte por culpa de gobiernos que no se preocuparon ni ocuparon del problema.

Anexo "1"

Reconocimiento al Ejército y la Marina

El pasado 3 de diciembre, el Congreso del Estado de Veracruz entregó la medalla “Adolfo Ruíz Cortines 2017” a las Secretarías de Marina y de Defensa Nacional, en reconocimiento el trabajo realizado por el personal naval y militar en favor de la seguridad de los veracruzanos. Las preseas fueron recibidas de manos del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, por el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz y el general Salvador Cienfuegos Zepeda, titulares de la Semar y Sedena, con la presencia de autoridades navales, militares y civiles.

Es ese acto solemne, el gobernador anunció que con la anuencia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, las fuerzas armadas se mantendrán en Veracruz con lo que se dará continuidad a las tareas de vigilancia y seguridad para la población. Enfatizó que la Ley de Seguridad Interior dará el marco para que los militares sigan participando en tareas de seguridad pública, con lo que el argumento de que el país se militarizará es frívolo y banal. “Si militarizar significa quebrantar al país y al régimen de libertades, estoy seguro que los marinos y soldados serían los primeros en oponerse, pues han sido ellos los firmes defensores de la democracia, de la vigencia del régimen de libertad y del orden constitucional”, afirmó.