Israel Cárdenas/ Milenio Novedades
MÉRIDA, Yuc.- “Yo reto a los que están hablando del tema a que presenten pruebas”, declaró el presidente estatal del PAN, Raúl Paz Alonzo, con respecto a que la Comisión Anticorrupción del blaquiazul recomendará la disolución del Comité Estatal en Yucatán, debido a una investigación que revelaría un supuesto cobro de 'moches' millonarios por parte de sus integrantes a cabo de obra pública. 

"Promueven (los acusadores) ruedas de prensa utilizando mi nombre, pero no han presentado ninguna sola prueba (...) Creo que en la justicia mexicana tenemos que acostumbrarnos a que el que acusa esté obligado a comprobar, porque si no se aprovecha para desprestigiar a las personas”, dijo Paz Alonso. 

Agregó que ha solicitado a la Comisión Anticorrupción que cuanto antes emita una resolución sobre las investigaciones relacionadas con el PAN Yucatán.

“La Comisión Anticorrupción lleva meses con el tema. Que digan quien es culpable y que pague. Soy el primero en apoyar esto". 

En cuanto a los movimientos de personal en el Comité Directivo Estatal, el también coordinador de los diputados locales, manifestó que obedecen a un plan de austeridad. 

“Sí hubo movimientos. Hubo un plan de austeridad, estamos tomando las medidas pertinentes en ese sentido”.

En este contexto, agregó que “acataré cualquier resolución que se tenga, obviamente con los fundamentos y las pruebas. Estoy tranquilo porque es un tema político que lo han querido mover otros. No ha habido ninguna resolución, ni de la Comisión ni del Comité Ejecutivo Nacional”.

“Golpear a mi persona y al PAN es lo que quiere la gente que cree que así ayuda a los adversarios políticos. Lo entiendo, estoy tranquilo y soy el primer interesado a que esto se investigue”, concluyó Paz. 

Varios involucrados 

• De acuerdo con información difundida este jueves, el senador Ernesto Ruffo, integrante de la Comisión Anticorrupción del PAN, consideró que sí hay elementos de presuntas prácticas de 'comisiones' en el Comité Estatal del partido en Yucatán.
• La investigación tiene al menos ocho meses de iniciada e involucra a decenas de legisladores de las filas de Acción Nacional que han formado parte de varias Legislaturas y que se han favorecido de las disposiciones del Ramo 23 asignado a la Cámara de Diputados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.