Agencias
MÉXICO, D.F.- La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) realizó de manera simultánea una serie de operativos en comunidades de los estados de Yucatán, Veracruz. Puebla y Guanajuato, que permitieron la detención y presentación ante el Ministerio Público Federal de 11 presuntos delincuentes ambientales.

En la localidad yucateca de Tizimín fue clausurado un predio tras una denuncia ciudadana, que reveló el indebido cambio de uso de suelo, que afectaba gravemente la masa forestal de esa zona, dio a conocer Milenio.

El operativo permitió la detención de siete personas, las cuales fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, además de 3 vehículos de maquinaria pesada.

Cabe mencionar que para desarrollar actividades de cambio de uso de suelo, se debe contar con la autorización de cambio de uso de suelo emitida por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, hecho que la Profepa comprobó su inexistencia en ese caso.

Por otro lado, como parte del combate a la tala clandestina en Áreas Naturales Protegidas, se realizaron recorridos de campo en el Parque Nacional Pico de Orizaba, en los cuales fueron cateados 5 aserraderos, además de la inspección de 21 más y de tres predios con autorización de aprovechamiento emitidos por la Semarnat.

De lo anterior se obtuvo como resultado el aseguramiento de 150 metros cúbicos de madera y la puesta a disposición del MPF a 4 personas, también se aseguraron 2 vehículos y material para operar aserraderos.

Para este operativo se contó con la participación de 51 elementos de adscritos a la Profepa, 66 de la Secretaria de la Defensa Nacional, 60 policías federales, 10 policías estatales de Veracruz, 8 agentes del Ministerio Público Federal y 20 elementos de la Policía Ministerial.

En un tercer operativo, la Profepa clausuró un socavón en el Cerro de la Cruz, ubicado en el municipio de Salamanca, Guanajuato, donde se está comprobando que eran depositados de manera ilegal residuos peligrosos ácidos.

La inspección que se realiza permite comprobar que los depósito tóxicos afectan al ejido de San José Uluapa en esa ciudad guanajuatense.