Israel Cárdenas/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- La Consejería Jurídica estatal informó que la reforma a la Ley del Notariado, que presentó en días pasados al Congreso, reactivará la figura de los escribanos públicos en los municipios con población mayor de 30 mil habitantes durante los próximos tres años.

De acuerdo con la dependencia, los escribanos públicos hacen operaciones y necesitan tener formatos autorizados, saber cuál es la verdadera base gravable y con base en sus sugerencias se presentan las iniciativas.

Como publicamos, las reformas a la ley del notariado y en asuntos penales, modificaciones en materia de Derechos Humanos, a la Ley General de Hacienda, y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conforman el paquete de seis iniciativas que el Gobierno del Estado presentó el jueves pasado ante el Poder Legislativo.

El paquete de iniciativa considera reformas a la Ley General de Hacienda y la del Notariado respecto de modificaciones al impuesto cedular, que entró en vigor en enero y que grava actividades de enajenación de inmuebles y de prestación de servicios de profesionales.

“Se acercaron profesionistas buscando que estuvieran más claras las reglas de operación en esa nueva Ley General de Hacienda, por lo que se consensuó y se plantea al Congreso dejar mucho más clara cuál es la base del impuesto”, señaló.

Respecto a la iniciativa de Ley de Derechos Humanos, la dependencia expuso que permitirá que el Estado se homologue a los lineamientos a nivel federal en la materia.

Se está buscando que la norma estatal cumpla con todos sus requisitos como la autonomía de gestión más amplia.

Asimismo, podrá incorporar y preguntar en temas laborales, lo que implicará que tendrá acceso a la Junta de Conciliación y Albitraje; a los funcionarios públicos les podrá pedir de manera directa cuentas sobre actividades y asuntos que sean recomendados en la comisión.

La Consejería informó que estas modificaciones impactarán en las modificaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo cual se plantea que incorpore en su catálogo de obligaciones que los funcionarios cumplan de manera correcta con los derechos humanos. Incluso podrían comparecer ante el Congreso del Estado para rendir cuentas.