Retrasa Gobierno inversión en seguridad

Solicitan una prórroga para contratar un crédito de 317 mdp con Banobras.

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El gobierno estatal impulsaría proyectos a largo plazo en infraestructura y seguridad pública. (SIPSE)
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Israel Cárdenas/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- El Gobierno del Estado solicitó una prórroga para contratar un crédito de 317 millones de pesos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), informó ayer el gobernador Rolando Zapata Bello.

Hoy vence el plazo para que el gobierno estatal obtenga los 317 millones de pesos ante Banobras que se invertirán en acciones para la seguridad pública en toda la entidad, y en la construcción de salas de juicios orales en Mérida, como parte de la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

El mandatario explicó ayer que la tramitología requiere de un tiempo para completarla, por lo cual solicitaron la prórroga que les permitirá estar a tiempo.

“Se están siguiendo los trámites, hay una tramitología de acuerdo con las reglas de operación que incluye la expedición de determinados documentos que validan el tipo de proyectos, pero de la misma manera ya se ha solicitado una ampliación en los tiempos y ha sido aceptada, de manera que estamos en tiempo”, explicó.

A una pregunta sobre para cuándo será el nuevo plazo, el mandatario manifestó que “no tengo exactamente el dato, pero hay la posibilidad, luego vamos a pasar los datos específicos”.

El pasado 25 de enero, el Congreso del Estado autorizó por unanimidad que el Ejecutivo contrate a través de la Secretaría de Finanzas y Administración un empréstito hasta por 317 millones 268 mil 611 pesos, para reforzar la seguridad y la justicia en la entidad.

Se expuso que con estos recursos el gobierno estatal pretende impulsar proyectos concretos a largo plazo en materia de infraestructura y seguridad pública, como la implementación de mecanismos preventivos de monitoreo y supervisión en todo el territorio yucateco, la adquisición de  patrullas para el cuerpo policiaco destinado a los municipios y la generación de la infraestructura para la impartición de justicia.

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