Ana Hernández/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- La carencia de una reforma a fondo en los juicios de procedimientos laborales y la falta de personal “congela” y encarece la resolución de las demandas que presentan los trabajadores contra los gobiernos estatal y municipal, lo cual concluye con resoluciones millonarias que resultan difícil de pagar a las autoridades involucradas. La norma actual tiene una antigüedad de 27 años.

El magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, César Andrés Antuña Aguilar, aseguró que impulsará una reforma que ayude a resolver este rezago, lo cual permitirá disminuir el tiempo y el costo de las demandas que enfrentan las autoridades, e incluso fincar la responsabilidad de pago a la autoridad que se demanda, y evitar que sigan desfasados.

En entrevista con MILENIO NOVEDADES sobre el problema de pago que enfrentan los municipios por las resoluciones de las demandas de despido injustificado, señaló que el tiempo que tardan en dictaminar genera que sean otras autoridades las que paguen o reciban la demanda.

En funcionario, quien tiene menos de cinco meses en el cargo –sustituyó a Edmundo Alzina Contreras-, comentó que una demanda laboral tarda en promedio cinco años en resolverse, por los alegatos que realizan las partes involucradas en especial los defensores de los trabajadores despedidos que buscan a través de estas “acciones” dilatar el proceso para que el cobro de la indemnización incremente o bien para presionar a la parte demandada a lograr un acuerdo conveniente.

Antuña Aguilar precisó que incluso las prácticas dilatorias también las realizan autoridades demandadas, para dejar el pago en cuestión al siguiente gobierno. Él se ha propuesto cambiar ese “hábito” y que los casos que entraron en el 2012 se resuelvan en su gran mayoría este año, al tiempo de abatir el rezago que vienen arrastrando.