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MÉRIDA, Yucatán.- El pleno de Tribunal Superior de Justicia acordó en su tercera sesión extraordinaria efectuada ayer la designación de las abogadas Sara Luisa Castro Almeida y Silvia Carolina Estrada Gamboa como nuevas consejeras de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

La maestra Castro Almeida, quien sustituye en el cargo a la Consejera Fanny Iuit Arjona, se desempeña como jueza segunda civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y Sylvia Carolina Estrada Gamboa, designada en sustitución de Gener Echeverría Chan, como jueza segunda de ejecución de sentencias del Estado.

Las nuevas Consejeras rindieron compromiso constitucional este martes 15 de julio a las 10:00 horas, en sesión solemne del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. 

El periodo de su gestión va del 1° de julio de 2014 al 31 de julio de 2018, pudiendo ser ratificadas por dos periodos de cuatro años.

De acuerdo con la Ley Orgánica vigente del Poder Judicial del Estado, el Consejo de la Judicatura es el órgano del Poder Judicial del Estado, dotado de autonomía técnica y de gestión, al que corresponde conocer y resolver todos los asuntos sobre la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, que no estén reservados de manera exclusiva a la competencia del Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con lo que dispongan esta Constitución y la ley.

Esta misma ley establece queel  Consejo de la Judicatura se integrará por cinco miembros de los cuales, uno será el presidente del Tribunal Superior, quien también lo será del Consejo y no recibirá remuneración adicional por el desempeño de tal función; dos consejeros nombrados por el Pleno del TSJE, de entre los miembros de la carrera judicial; un consejero designado por la mayoría de los diputados del Congreso del Estado, presentes en la sesión en que se aborde el asunto y, un consejero designado por el titular del Poder Ejecutivo.

Para ser consejero se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento y tener, además, la calidad de ciudadano yucateco; estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; poseer al día de la designación título profesional de Licenciado en Administración Pública, en Finanzas Públicas, en Economía, en Derecho, Contador Público o alguna carrera afín a tales materias.