Luis Fuente/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yuc.- Con dos años de anticipación al cumplimiento de la responsabilidad asumida en un pacto de carácter federal, Yucatán implementó en la totalidad de sus distritos judiciales el nuevo Sistema de Justicia Penal y Acusatorio, a través de inversión de recursos, reorganización, infraestructura, capacitación y equipamiento, además de normatividad.   

Al encabezar la sesión de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia, el gobernador Rolando Zapata Bello constató un informe de las acciones realizadas para que la entidad se ubique en primer lugar nacional en la aplicación del nuevo sistema, junto con Nuevo León y Chihuahua.

En presencia del secretario ejecutivo del citado organismo, Gabriel Zapata Bello, el mandatario estatal destacó que los logros y avances alcanzados han sido posibles gracias a una estrategia que se revisó y adecuó permanentemente, junto con profesionales del Derecho, escuelas y universidades, organizaciones civiles y la coordinación permanente con los poderes Legislativo y Judicial.

“El hecho de haber iniciado la instrumentación y operación del sistema desde hace dos años nos permite contar con análisis y resultados preliminares sobre su efecto, como el que realizó la organización Open Society Justice Initiative”, agregó el Ejecutivo ante el secretario general de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcos Celis Quintal.

Indicó que el acceso pronto, transparente, eficaz y respetuoso de los derechos humanos, y la presunción de inocencia, permite alcanzar las metas en desarrollo económico, bienestar social, inversión, educación y competitividad, y para ello, agregó, también es indispensable contar con un sistema de justicia que dé certeza y seguridad a la población.

El mejor

En su mensaje, el Gobernador informó que la secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación (Segob), María de los Ángeles Fromow Rangel, comentó ayer que Yucatán es el Estado que mejor ha implementado las reformas.

Al dar detalles, el secretario Ejecutivo de la Comisión mencionó que el subsidio ejercido en la entidad para la implementación de 2010 a la fecha representa una inversión superior a los 157.8 millones de pesos, en temas de normatividad, gestión y reorganización institucional, capacitación, difusión, equipamiento de las tecnologías de la información e infraestructura.

Además de dicha cantidad, en los últimos tres años también se han invertido 160 millones de pesos en la edificación de la primera etapa del Centro de Justicia Oral de Mérida y 288 millones para la segunda, la cual estará lista en agosto próximo.

En este sentido, como parte de la implementación del sistema, añadió que actualmente en Yucatán todas las salas de oralidad en los cinco distritos están equipadas con registro de voz y datos, mobiliarios y unidades de resguardo con servidores. m

Celis: El reto, lograr la justicia funcional

En Yucatán ya no se aplica una justicia de papel en la que el acusado no ha visto al juez, ahora es un sistema en el que hay una dinámica, una dialéctica, se trata de personas y cada día se trabaja para que sea funcional y solo lo será si se dejan de generar malas prácticas y echarle la culpa al juez de la liberación de los acusados.

Así lo expresó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcos Celis Quintal, en su intervención en la sesión de la Comisión e la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia.

En el evento, que se realizó en el Centro de Justicia Oral de Mérida, el también presidente del Consejo de la Judicatura estatal, recordó que ayer concluyó el plazo para la implementación nacional, pero nada ha terminado, es una pausa para retomar el impulso, es el inicio del reto para tener un justicia funcional y eficiente día a día.

“Como decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ya no es posible generar malas prácticas y echarle la culpa el juez, el reto es evitar las malas prácticas y erradicarlas y demostrar la evidencia firme y sólida para llegar a condenas”, expresó.

Celis Quintal insistió en que ése es el gran reto, y en la sociedad es el cambio de cultura en cuanto a la privación de la libertad de las personas procesadas por un delito y sólo si hay una sentencia debe haber prisión.

“Lo hemos vivido dos años de forma total, ya no es una justicia de papel en la que el acusado no ha visto al juez, es ésta hay una dinámica, una dialéctica, se trata de personas y cada día trabajamos para que sea funcional y sólo lo será si erradicamos las malas prácticas”, enfatizó.

Explicó que ahora se necesita una convicción razonable del juez para lograr una condena, basado en la buena fe de todos los actores, “pero sin evidencia no puede haber condena, eso lo debe entender la sociedad”.

“Nos impacta a todos, a las instituciones y a la sociedad, es un reto que se afronta con cada delito y se construye día a día”, añadió. m

'Es momento de rendir cuentas sobre lo hecho'

El secretario ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia, Gabriel Zapata Bello, ofreció un informe sobre los mecanismos y modificaciones jurídicas que se realizaron para poner en marcha el sistema oral en Yucatán, además de que se aplicaron cerca de 160 millones de pesos en los últimos siete años.

Resaltó que el 30 de abril pasado la Secretaría de Gobernación emitió la última evaluación de la aplicación de este modelo, en el que Yucatán obtuvo calificación de 9.2 puntos, que junto con Chihuahua y Nuevo León lo ubicó en el primer lugar.

Al destacar que desde hace dos años que se aplica el nuevo modelo de justicia en toda la entidad, señaló que la sociedad estará muy vigilante de que se cumplan los objetivos que son una justicia rápida, transparente y expedita.

Detalló que los preparativos para la implementación de este sistema en Yucatán comenzó en marzo de 2009, con base en las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en junio de 2008, por lo que ahora es momento de rendir cuentas a la sociedad sobre lo que se ha hecho.

Declaró que se emitieron 42 decretos para adecuar la legislación local para la implementación de justicia oral que permitió a la Procuraduría convertirse en la Fiscalía General del Estado, la transformación de la Defensoría Legal en el Instituto Defensa Pública; así como en el Poder Judicial aparecieron los jueces de control, de juicio oral y de ejecución de sentencias; también los Centros de Mediación y la creación del Consejo de la Judicatura.

En la Secretaría de Seguridad Pública se creó el Centro Estatal de Medidas Cuatelares y la Unidad Especializada en la Escena del Crimen.
Indicó que todas las instituciones operadoras del sistema cuentan con protocolos de actuación, perfiles para los puestos para la designación de sus funcionarios.

Indicó que durante los últimos siete años Yucatán recibió |57 millones 813 mil 706 pesos de subsidio federal que se utilizaron en seis ejes que son normatividad, gestión y reorganización institucional, capacitación, difusión, equipamiento y tecnologías de información. La FGE, SSP y al Instituto de Defensa Pública se les entregaron diversos equipos periciales y criminalísticas para que cuenten con las herramientas para sustentar las acusaciones.