Jaime Tetzpa/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yucatán.- Para combatir el lavado de dinero, la Unidad de Fiscalización de la Procuraduría General de la República (PGR) estableció un catálogo de actividades vulnerables, por lo que investigará todas las acciones comerciales que involucren compras mayores de joyas, inmuebles, transacciones con tarjetas de débito o crédito, apuestas y donaciones.

Estas acciones, que permitirán a la PGR y la Secretaría de Hacienda contar con más elementos contra el “blanqueo de dinero”, pondrán en jaque algunas transacciones, pues los prestadores de servicios y empresas se verán obligados a reportar las “grandes ventas”, ya que de no hacerlo se les aplicarán fuertes sanciones.

Acerca de la nueva ley contra el lavado de dinero, que entrará en vigor el próximo día 17, el notario público Luis López Martín, expresidente del Colegio de Notarios de Yucatán y vicepresidente de la Región Sureste de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, detalló algunos casos que deberán ser reportados cuando sobrepasen el tope establecido.

En el caso de los servicios, el uso de tarjetas de tiendas el tope corresponde a 80 mil pesos; en tarjetas de débito, 40 mil pesos; donativos, 200 mil pesos; blindaje de vehículos, 300 mil pesos; préstamos y créditos, 100 mil pesos; compra de obras de arte, 300 mil pesos; joyas, 100 mil, y construcción o compra de inmuebles, 500 mil pesos.

El catálogo de actividades vulnerables busca evitar que a través de la adquisición de bienes o donaciones el crimen organizado “blanquee” dinero ilícito, por lo que estas acciones serán sujetas de investigación por parte de la SHCP y la PGR.

Otro de los aspectos de esta disposición legal corresponde a la incorporación de sanciones administrativas, ya que se harán acreedores a multas de 200 salarios mínimos (equivalente a 12 mil 952 pesos) y hasta dos mil salarios (129 mil 500 pesos) cuando el vendedor no implemente una política de identificación y conocimiento del cliente, así como no guardar y proteger la información soporte de la actividad vulnerable y no respetar los plazos y formas de presentación de los avisos.

La sanción será de 10 mil salarios (647 mil 600 pesos) y hasta 65 mil salarios (4 millones 209 mil 400 pesos), cuando se omita la presentación de avisos o se participe en actos u operaciones prohibidos en términos de uso de dinero en efectivo, entre otros casos.

Los notarios públicos serán sujetos a una multa de dos mil salarios (129 mil 500 pesos) hasta 10 mil salario (647 mil 600 pesos) de no cumplir con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

Esta ley fija limitantes para uso de dinero en efectivo en la compra de diversos artículos

López Martín detalló que la ley establece que las entidades financieras y entes comprometidos en esta norma, como joyeros, agencias automotrices, fedatarios, empresas que trasladan valores, entre otros, deberán llevar un registro de sus clientes, de quienes pedirán copias de identificaciones y reportar a Hacienda las ventas que se realicen en efectivo por encima de los montos establecidos, a fin de que la autoridad realice una investigación.

Mencionó que esta ley fija limitantes para uso de dinero en efectivo en la compra de diversos artículos y, en el caso de rebasar los montos especificados, serán objeto de reporte a la Secretaría de Hacienda para su investigación.

Indicó que, por el momento, los fedatarios yucatecos están en espera de la expedición del reglamento, a fin de tener certeza de los plazos y las formas de reportar las operaciones que rebasen los montos establecidos.

Recordó que después de dos años de discusión en el Congreso, el Senado aprobó por unanimidad la ley contra el lavado de dinero, que obliga a las entidades financieras a reportar operaciones sospechosas en compra y venta de bienes, muebles e inmuebles, para ser investigadas por la PGR y la Secretaría de Hacienda, a fin de impedir el blanqueo al crimen organizado en actividades vulnerables o financiar el terrorismo.

Mencionó que el notario “es un asesor jurídico, con una patente otorgada por el Estado para dar fe pública de los actos y cumplir y hacer cumplir para las partes contratantes, cualesquiera leyes estatales, federales y municipales, más no para interpretarlas, porque es una función que le corresponde a la autoridad judicial, por tanto, si la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ya fue expedida, y entra en vigor, el notariado debe cumplirla”. 

Por transparencia

• El propósito de restringir el uso de dinero en efectivo en determinadas operaciones vinculadas con activos considerados de alto valor es impedir que el crimen organizado coloque altos volúmenes de dinero generados por su actividad criminal dentro de la economía formal. 

Pistas antilavado

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita pretende proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional entre la SHCP y la Procuraduría General de la República. Se recabarán elementos útiles que les permitan investigar y perseguir los delitos relacionados con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Derivado  del compromiso adoptado por México en el ámbito internacional, y como miembro del Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI, por sus siglas en francés), las autoridades en México, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), han establecido estándares aplicables en las instituciones financieras y no financieras para la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Contadores se alistan a tomar medidas precautorias

Por otro lado, el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán espera a que se publique el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para conocer los pormenores y analizarlos, para inmediatamente después impartir un curso a sus agremiados y el público en general, a fin de informar de las medidas precautorias que se deben asumir en la realización de negocios.

La presidenta del Colegio de Contadores de Yucatán, Laura Cervera Urtiaga, y el integrante de la Comisión Consultiva de Fiscal, del Consejo Directivo de esa agrupación, Mario Arteaga Quintana, indicaron “que se está confundiendo esta ley con cuestiones fiscales; la gente cree que va a llegar el SAT a supervisar sus ingresos, pero no es el objetivo”. 

Agregaron que “indudablemente, servirá para que el Fisco tenga mayor información de las actividades comerciales de empresas o personas físicas, pero lo importante no es cuánto generan para el pago de impuestos, sino la identificación de actividades ilícitas ajenas a la economía formal, porque evaden impuestos y tiene que ver con delitos penales, como secuestros”.

Enfatizaron que la elaboración de esta ley fue un proceso largo y, al igual que en otros casos, quedan puntos abiertos a leyes secundarias o reglamentaciones.

Manifestaron que muchas personas desconocen si esta ley tendrá repercusión en sus actividades comerciales, y aunque acostumbran hacer operaciones en efectivo, no necesariamente tendría que ser algo malo. 

Ahora, apuntaron, tendrán que establecer procedimientos para identificar a sus clientes y obtener información adicional de quiénes son para conocer el origen de los recursos.

"La gente cree que va a llegar el SAT a supervisar sus ingresos, pero no es el objetivo”

Señalaron que cuando se habla de lavado de dinero muchas personas se remiten a la actividad de los bancos.

“No obstante, las instituciones bancarias están muy reguladas y fueron las primeras en tomar acciones preventivas; esto puede impactar en grupos empresariales, por ejemplo, que tengan una compañía inmobiliaria y se dedican a administrar sus inmuebles, ya que cuando les llegue la oportunidad de vender tendrán que reportar esas operaciones”, detallaron. 

“En el caso de los premios en algún casino, será la empresa la que determine la notificación a las autoridades, y la persona deberá pagar un impuesto al momento de depositar ese dinero en una cuenta bancaria”, señalaron.

Advirtieron que los avisos se tienen que hacer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no es lo mismo que el Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

“El desconocimiento de la ley podría llevar a una persona a cometer errores, pero es ahí en donde participa el contador como asesor de toda la carga administrativa que pueda representar una operación comercial”, mencionaron. 

Sin participación directa

• La responsabilidad del contador en la nueva disposición es indirecta, pues su participación consiste en indicar a su cliente el monto del pago del impuesto y cómo pagarlo.
• No obstante, afirman los contadores públicos, no participan en la operación comercial directa, es decir, en la compra-venta de un bien inmueble.

Ven mínimo riesgo en venta de viviendas

En Yucatán, siete de cada 10 operaciones mercantiles del mercado inmobiliario se realizan a través de las instituciones bancarias, por lo que la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no representa gran problema, señalan expertos que aseguran que el 30 por ciento restante se efectúa entre particulares y que el pago en efectivo es mínimo.

Juan Carlos Martínez Murillo, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), en Mérida, indicó que las operaciones superiores a los 500 mil pesos requieren otro tipo de tratamiento, que es en teoría “mucho de lo que manejamos en el norte de la ciudad, en donde hay propiedades para desarrolladores habitacionales, empresas o de uso residencial”. 

Acerca de las actividades vulnerables, en la ley se menciona que “la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios”, serán objeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuando la operación sea por una cantidad igual o superior a las ocho mil 25 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, que es de 64.76 pesos, lo que equivale a 519 mil 699 pesos.

 “Los pagos en efectivo desde hace mucho tiempo ya casi no se realizan, precisamente por el tema de los impuestos”

Al respecto, el asesor en bienes raíces mencionó que esta cantidad para pagos en efectivo es considerada como de interés social o interés social medio.

Puntualizó que las operaciones de trato directo obedecen, más que nada, a que el vendedor o comprador tratan de evitar el pago de las comisiones a los asesores de productos inmobiliarios, sin tomar en cuenta que son los más capacitados para orientar sobre la adquisición de bienes inmuebles que no representen problemas posteriores, como adeudos de predial o que se encuentren legalmente inscritos en el Registro Público de la Propiedad.

Destacó que desde principios de año imparten capacitación a sus socios sobre los lineamientos que se deberán de cumplir a partir del día 17, cuando entrará en vigor la ley contra el “lavado de dinero”.

Añadió que el tema de la preventa en bienes inmuebles es otro tipo de financiamiento, pero prevalece con las instituciones bancarias. “Los pagos en efectivo desde hace mucho tiempo ya casi no se realizan, precisamente por el tema de los impuestos”.

Especificó que la función de los asesores es la intermediación, y se procura que todas las operaciones de compra-venta sean transparentes, ya que los pagos se realizan mediante cheques certificados o depósitos electrónicos, y al quedar registrado en el sistema financiero bancario se elimina la posibilidad de que se trate de un acto ilícito.

Agregó que la nueva ley contra el lavado de dinero no preocupa al sector, porque beneficia a los corredores inmobiliarios que trabajan bajo el marco legal, ya que serán quienes tendrán la capacidad de continuar ofertando sus productos.