A. Hernández-I. Duarte/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- El transporte público de pasajeros está en jaque, aseguran concesionarios.

El aumento de los combustibles, aunado a la suspensión del pago del subsidio que les daba el Gobierno del Estado, ha puesto a varios empresarios en un punto de quiebre, situación que puede reventar en cualquier momento.

El problema se agrava cada día, según manifiestan los empresarios; sus solicitudes de ajuste (no le llaman aumento) a las tarifas es tan larga y complicada como la petición que todos los días hacen las personas que utilizan este medio de transporte para recibir un servicio de calidad y buen trato.

Los empresarios del transporte urbano de Mérida informan que desde septiembre dejaron de recibir el subsidio gubernamental para mantener las tarifas sociales y, como hasta la fecha no han recibido apoyo, requieren una revisión de los precios por ese servicio público.

Tan solo la Alianza de Camioneros de Yucatán (ACY), por conducto de su presidente, Agustín Escalante Gamboa, informa que esa línea requiere de al menos nueve millones de pesos para solventar los gastos urgentes de las unidades que están por embargar las empresas que financiaron la compra de esos vehículos.

El entrevistado comentó que los intermediarios financieros que apoyaron la compra de nuevos autobuses les dan hasta 30 días para realizar su pago, pero los camioneros rojos arrastran más de 115 días de atraso, con sus respectivos intereses moratorios.

El gremio transportista pide que el Gobierno del Estado defina cómo apoyará a los transportistas, para que los empresarios reorganicen sus finanzas y proyectos.

De acuerdo con datos recabados por MILENIO NOVEDADES, también está en suspenso el apoyo que ofreció la anterior administración municipal para mantener las tarifas sociales; la ayuda económica de 50 centavos era depositada a los estudiantes que acreditaban la necesidad de utilizar el transporte público, lo cual les permitía pagar 2.50 pesos por pasaje.

Ese apoyo no fue bien recibido por los estudiantes, ya que había que realizar trámites engorrosos y se tardaba en obtenerlo. Al final de cuentas, el apoyo municipal feneció sin pena ni gloria, incluso antes que terminara la administración.

Ese apoyo se otorgó mediante un acuerdo entre los gobierno municipal y del Estado, pero en la gestión de Renán Barrera Concha no se renovó el esquema del pago del subsidio municipal.

Y mientras el subsidio se encuentra en el limbo, todos los días estudiantes y personas de la tercera edad, dos de los sectores más vulnerables de la sociedad, enfrentan riesgos y el desprecio del transporte público, debido a su “osadía” de utilizar sus credenciales para pagar tarifa subsidiada, que cada vez se respeta menos.

Ese es el problema que segrega y discrimina a ambos grupos: hacer uso de su derecho a una tarifa social al utilizar el transporte público, pues ambos pagan tres pesos por su pasaje, la mitad de su costo.

Pero el utilizar sus credenciales validadas por las autoridades estatales los pone en desventaja, pues muchos camioneros no les dan servicio, los maltratan o no les permiten subir y bajar con seguridad, lo cual pone en riesgo su integridad, alerta Juan Francisco Mérida Pérez, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Yucatán.

En entrevistas, Mérida Pérez y líderes estudiantiles señalan que el maltrato de los choferes a los adultos mayores y estudiantes es habitual y son nulas las acciones de la autoridad para defender sus derechos.

“El uso de una credencial es obsoleto: sólo sirve para que los choferes no nos den parada o nos traten de pésima manera”, agregó.

En el caso de los estudiantes, se llega al grado que sus padres los acompañan a las esquinas y son quienes piden las paradas. Cuando la unidad se detiene, sus hijos aprovechan subir a toda velocidad, para que el operador evite darles el servicio.

Todos los días, a diferentes horas, alumnos y ancianos permanecen parados eternos minutos esperando que alguna unidad se detenga y les permita subir. Cuando lo logran, lo hacen con el temor de caerse o golpearse.

En Mérida, sólo en la ruta Circuito Metropolitano y las unidades de Rápidos de Mérida, que cubren diferentes rutas con unidades con aire acondicionado, tienen autorización de cobrar la tarifa única de seis pesos, con la condición de mantener el servicio de primera calidad.

Pagar con credencial

El presidente honorario de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Estado de Yucatán, Juan Francisco Mérida Pérez, señaló que pese a los malos tratos que reciben por utilizar una tarifa subsidiada, ni los adultos mayores, ni los estudiantes deben ceder pagando el pasaje completo.

Explicó que la Credencial Inteligente del Transporte Urbano (Citur) que les aceptan en los autobuses, en lugar de la del Insen o Inapam, se ha convertido en un problema para los adultos mayores, debido a que el proceso de pasarla por el lector les implica una maniobra que les resta tiempo para pagar y ocupar su asiento.

A esto se le suma el hecho de que deben esperar a que algún operador los quiera llevar, debido a que “tardan en subir” por su avanzada edad o por si padecen alguna discapacidad.

Comentó que de autorizarse la solicitud de los permisionarios de un ajuste a las tarifas agravará la situación de los jubilados y pensionados. Existe temor, dijo, al manejo de una sola tarifa, o el incremento de ésta, así como el costo del boleto para estudiantes y adultos mayores.

Mérida Pérez indicó que hace falta un análisis completo de la situación del transporte en Mérida, “porque no es posible que en otras entidades, donde los recorridos son más extensos, el precio de las tarifas sea menor al que se paga en esta ciudad”.

Indicó que, pese a los problemas que implica el uso de la credencial de descuento, no debe dejarse de usar, pues sería permitir que los permisionarios ganen, y darles herramientas para que pidan a las autoridades retirar el subsidio.

Abusos a estudiantes

Líderes estudiantiles yucatecos lamentan que las quejas por mal servicio en el transporte, en especial contra los estudiantes, se hayan convertido en una “costumbre” que se deba tolerar.

Ante los abusos de los operadores hacia los alumnos, representantes de estudiantes normalistas y de las dos federaciones de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) formaron un frente común para, en una reunión con las autoridades del transporte, exponer sus quejas y dudas.

De acuerdo con Claudina Méndez Moguel, presidenta de la Nueva Federación Universitaria (NFU), las quejas son recurrentes, pese a que en los spots y medallones de camiones se presume un trato mejor de las concesionarias y de los operadores de autobuses, aun así, considera, existen avances en favor de los alumnos.

“Hemos escuchado de quejas de los estudiantes, principalmente porque no les dan parada; ésta es la más común… Hace unos días sostuvimos una reunión con las autoridades de transporte en donde exhibimos nuestras quejas y hemos encontrado buena respuesta”, afirmó.

También el presidente de la sociedad de Alumnos de la Escuela Normal Superior de Yucatán “Antonio Betancourt Pérez”, Gerardo Pech Aguayo, confirmó que existen muchas quejas porque no les dan parada a los jóvenes.

“Aunque aún no tenemos fecha para realizar una segunda reunión, hay buenas expectativas de los resultados de la primera, y esto porque nuestras quejas y dudas fueron escuchadas y se nos prometió respuestas”, dijo Méndez Moguel, dirigente de la NFU.