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MÉRIDA, Yuc.- El Ayuntamiento de Mérida informó que el Tercer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa en el Distrito Federal confirmó este jueves la sentencia dictada por el Juez Tercero de Distrito, Felipe V. Conzuelo Soto, mediante el cual la Comuna debe seguir pagando a Banco Santander el importe total de las lámparas de inducción magnética que arrendaba la empresa ABC Leasing.

La Comuna calificó esa sentencia como “una resolución injusta, que no puede ser considerada como el resultado final en este proceso” y anticipó que por el momento no va a desembolsar cantidad alguna por ese servicio, pues recurrirá a otras instancias para evitar dicho pago.

“Una vez estudiada la sentencia, el municipio interpondrá el correspondiente juicio de Amparo a fin de revertir estos injustos fallos que atentan contra Mérida y sus habitantes”, adelantó.

Como hemos informado, Santander inició un juicio ordinario mercantil contra la Comuna y la empresa AB&C Leasing por el arrendamiento de las luminarias  ahorradoras que se instalaron en la administración pasada y que retiró la actual. El banco reclama a la empresa el pago de interés de las operaciones de factoraje desde que el Ayuntamiento canceló el contrato.

En otro de sus frentes legales, la Comuna, por conducto de su director de Gobernación, Rafael Pinzón Miguel, interpuso ayer una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en contra de los magistrados que integran el Tribunal  de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán “por haber incurrido en conductas notoriamente contrarias al principio de legalidad que rige el actuar de los servidores públicos”.

Los magistrados que integran el Tribunal  de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán y contra los que se interpuso la queja son: Miguel Diego Barbosa Lara, presidente; María Guadalupe González Góngora y José Jesús Mateo Salazar Azcorra.

La queja está relacionada con el embargo de cuentas municipales que dispusieron los tres magistrados antes mencionados, incluyendo dos que por ley son inembargables, para cubrir los casi 28 millones de pesos que reclamaron 13 particulares mediante un amparo que interpusieron para recuperar lo que habían pagado por el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), a raíz de una omisión que cometió el Ejecutivo del Estado en 1999.

Las cuentas inembargables corresponden a las aportaciones federales o ramo 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, los cuales, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, “… no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago…”