Israel Cárdenas/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- Desde ahora, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán se prepara para recibir una avalancha de juicios laborales por despidos injustificados, ante el próximo cambio de administraciones municipales, en los que calcula que se triplicarán los casos masivos de ceses. 

El magistrado presidente del Tribunal, César Antuña Aguilar, dijo este viernes que actualmente atienden 300 juicios al año, pero por los próximos cambios de las administraciones municipales derivados de las elecciones de junio se incrementarán a 900. 

“Trataremos de que esos juicios se resuelvan lo antes posible sin tener que llevar todo el proceso, es decir, buscar que se arreglen en la etapa conciliatoria y obviamente también exhortar a los alcaldes y cabildos que entran a tomar las riendas de los municipios a mediados de año para que estén conscientes de que en caso de terminar la relación laboral con sus empleados tienen la obligación de cumplir con la indemnización correspondiente a sus liquidaciones o de lo contrario que hagan un análisis de qué personal es el que van a sustituir”, dijo.

En este sentido, Antuña Aguilar dijo que hay puestos y niveles en los que sí es viable hacer cambios laborales pero hay otros puestos, con trabajadores que tienen cierta antigüedad, estabilidad y base y ahí lo conveniente es conservarlos.

Precisó que actualmente hay 10 ayuntamientos a los que el Tribunal ha requerido el pago de liquidaciones para sus ex empleados, sin embargo, se niegan a responder y a cumplir, motivo por el cual han previsto proceder legalmente el próximo mes.

“Hay varios municipios que han buscado solucionar o negociar los laudos en su contra, pero también existen ayuntamientos que no han querido o no han mostrado ninguna intención conciliatoria de negociar y el procedimiento tienen que continuar y proseguir”, dijo.

“Los trabajadores están en su derecho de continuar con la ejecución de sus laudos y llegará un momento en el que los ayuntamientos tengan que cumplir, las condenas son inevitables y tienen que acatar los laudos. Si estos municipios no presentan esa clara voluntad de buscar un arreglo pues tendremos que llegar al extremo de los embargos”, manifestó el magistrado.

Hay que recordar que las actuales administraciones municipales iniciaron su gestión el 1 de septiembre de 2012, están en la recta final.