Milenio Novedades
MÉRIDA, Yuc.- Representantes de Uber preparan propuesta legislativa para contribuir a la creación de un marco regulatorio en Yucatán,  con el fin de establecer lineamientos que impacten de manera positiva en los consumidores. 

Indican que de acuerdo a la experiencia en otros estados en materia de regulación, el impuesto más alto es de 1.5 por ciento por viaje y con base a esta cifra proponen que se reconsidere el porcentaje que dispuso la iniciativa del Gobierno del Estado, el cual está en el orden de 10 por ciento por viaje, esto sumado al impuesto federal del IVA. 

Lo anterior en respuesta a las sesiones de comisiones para el análisis de las tres iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado, respecto a las empresas de Red de Transporte (ERT)

En entrevista para Milenio Novedades, Luis De Uriarte, director de comunicación de Uber México, Centroamérica y Caribe, dijo que en Mérida en tan sólo 3 meses de operaciones, registraron 62 mil descargas de la aplicación (cifra que se puede hasta cuatriplicar por el número de usuarios en los autos) y cuentan con 2 mil socios que prestan el servicio.Con este modelo los conductores de transporte privado pueden ganar en promedio 500 pesos diarios. En un periodo de un año tienen la meta de general 6 mil oportunidades de autoempleo.

“Hacemos un exhorto al gobernador (Rolando Zapata Bello) para que no prohíban Uber, podamos sentarnos a trabajar en una regulación que beneficie a las mayorías. Cumplimos tres meses de operación… es dinero que se queda en la comunidad y ayuda activar la economía local. Con esas cifras no creo que haya una empresa en Mérida que en tres meses haya logrado este nivel de beneficio…Queremos trabajar bajo las reglas de Yucatán, pero creemos que estas reglas deben buscar activar la economía y es lo que nosotros queremos. Hemos colaborado con las autoridades en distintas parte de México y el mundo para que favorezcan al ciudadano, al consumidor para promover posibilidades de autoempleo”, abundó.

De Uriarte indicó, resultado de un análisis de las propuestas de Ley, que ven con preocupación que además del impuesto por viaje, el socio tenga un auto con un valor mínimo de 400 mil pesos y el hecho de que sólo el propietario es el único que puede manejarlo si desea trabajar en una Empresa de Red de Transporte. Abundó que de esta manera se limita la oportunidad de autemplearse a miembros de la familia que comparte el auto, o aquellos que compran un coche en el esquema de financiamiento en el que el propietario es la empresa de aporta el préstamo. 

“Hemos estado comunicación con autoridades y legisladores, estamos agradecidos con el apoyo de la sociedad, y que la comunidad de comerciantes y empresarios han dado… Queremos que se revise esta propuesta de ley y que se ajuste para que beneficie realmente a la mayoría. Nosotros sostenemos que cualquier servicio de transporte debe estar basado en la oferta y la demanda. Con esta iniciativa, lo que puede ocurrir es que si la demanda crece, la oferta no lo pueda cubrir con la misma velocidad, afecte la calidad del servicio y al consumidor, porque la autoridad es la que define cuántas unidades pueden operar”, agregó.

Recomendaciones

En junio del 2015, la Comisión Federal de Competencia, en su función de ombudsman, informó que de plantearse el tema de regulación sobre este tipo de servicios de transporte vía redes móviles,  sea por objetivos fundamentales de seguridad de protección al usuario, como la obligatoriedad de seguros de cobertura amplia y revisión de los antecedentes de los conductores.

En la recomendación, instaron a que se eviten restricciones como la necesidad de autorizar los vehículos, limitar su número imponiendo requisitos como placas o cromáticas y que no se regule en el marco de un esquema tarifario, porque estas propuestas como (Uber y Cabify) operan  en función de la oferta y la demanda. 

En el oficio de recomendaciones, señalaron que mientras no existan modificaciones a normas jurídicas locales, la COFECE también sugiere considerar que cualquier interpretación podría resolverse en favor del interés general, es decir, permitiendo actividades que generan opciones eficientes en beneficio del consumidor y que promuevan la competencia en concordancia con el artículo 28 de la Constitución Política.