Más de 16 años después de ser víctima de violación por parte de un grupo de soldados, llegó la justicia para Valentina Rosendo Cantú, una mujer de la comunidad indígena Me’phaa en Guerrero. Tras peregrinar por años en México en busca de justicia –los tribunales militares resolvieron que no se acreditó la comisión de delito alguno por parte de personal del Ejército– la encontró en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y sus agresores fueron sentenciados a casi 20 años de prisión.

La noticia, difundida esta semana, llegó casi simultánea con otra: la Marina permitirá que en sus cuarteles se indague sobre la desaparición de medio centenar de personas en Tamaulipas, atribuidas al personal de la Armada durante los operativos en esa entidad, algunos señalados con índice de fuego por familiares de las víctimas. Nuevamente tuvo que ser la CorteIDH la que motivara esta medida, y una buena señal de que no se toleran estas conductas ilícitas de quienes deben combatirlas es la decisión de la Semar de concentrar en su Cuartel General de CdMx al personal que estaba adscrito a las bases de operaciones en Tamaulipas y Nuevo León.

Lo de Valentina Rosendo, que llega tarde, y las desapariciones son los casos más recientes en que se exhiben abusos por parte de las fuerzas armadas desde que en 2006 comenzaron a ejercer labores de seguridad pública ante la incapacidad de las policías, y no se hizo tanto eco en el país porque estamos inmersos en las campañas políticas, pero más allá de señalar culpables o deslindar responsabilidades, gravita en el ánimo de soldados y marinos que están entre la espada (sus mandos) y la pared (autoridad civil) al realizar operativos contra la delincuencia organizada.

Y vale recordar que, hace 25 años, el general Francisco Gallardo Rodríguez publicó en la revista Fórum el texto “La necesidad de un Ombudsman Militar en México”, que sugería esta figura para regular los abusos dentro de la vida castrense. Fue el inicio de una pesadilla que puso fin a su meteórica carrera en el Ejército. Hoy, Gallardo (reconocido defensor de los DDHH y con varios reconocimientos internacionales) aboga porque soldados y marinos regresen a sus cuarteles para atemperar la crisis de inseguridad y violencia, e insiste en la creación del Ombudsman militar.

No parece tan descabellada la idea, dado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) les queda a deber a los militares cuando ellos son víctimas de abusos y agresiones, como ocurrió recientemente en Jalisco.

Anexo "1"

“Revictimizada”

En el caso de Valentina Rosendo Cantú, la CorteIDH resolvió que México es responsable por la violación a los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, así como violaciones de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, fundando su sentencia en los siguientes razonamientos: en un primer momento, el hecho de que la jurisdicción militar debe existir únicamente en casos relacionados con la disciplina militar y nunca cuando hay violaciones a derechos de civiles; por otra parte, la falta de diligencia de las jurisdicciones ordinarias y militares trajo como consecuencia la impunidad del delito denunciado y la revictimización por parte del Estado Mexicano de Valentina Rosendo.