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MÉRIDA, Yuc.- Legisladoras federales del PAN consideraron que la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que con carácter de urgente envío el presidente Enrique Peña Nieto al Senado, es un proyecto que está parchado, apresurado e incompleto, porque no considera la aprobación de ningún tipo de presupuesto para que pueda ser funcional dicho marco jurídico.

En conferencia de presa esta mañana, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama y la diputada Cinthya Valladares Couoh presentaron una serie de puntos y observaciones que hará la fracción parlamentaria del PAN a dicha iniciativa, que debe aprobarse en 30 días, debido a su carácter preferente.

Esta iniciativa, como se recordará, la presentó Peña Nieto el pasado 1 de septiembre, con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, y ahí quedó establecido que tiene carácter preferente, lo que significa que el Congreso de la Unión tiene que darle prioridad para que pueda ser aprobada a más tardar el 30 de septiembre.

La senadora Rosa Adriana Díaz consideró que esta premura se debe a que en octubre México participará en varios foros internacionales sobre la niñez.

Sin embargo, señaló que por esta premura la ley tiene varias inconsistencias, como el apartado del presupuesto para que los entes de gobierno que la aplicarán puedan hacerla efectiva, además de que se notan “parches” tomados de otras leyes que incluso parecen contradecir los diversos apartados del proyecto de ley.

Por su parte, la diputada Cinthya Valladares recordó que ya existe una ley similar desde el año 2000, además de que la fracción parlamentaria ya había presentado una propuesta de actualización que detenida en comisiones, al parecer, para darle preferencia a la iniciativa de Peña Nieto.

Ley mordaza a la prensa

En la sesión de preguntas se planteó a las legisladoras la inquietud que ha manejado la Sociedad Interamericana de Prensa en el sentido de que dicha ley podría utilizarse como instrumento de censura.

Al respecto, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama señaló que en general la ley es muy ambigua respecto a las sanciones que plantea, pues muchas de ellas no podrían hacerse efectivas, lo mismo que todas las estructuras que plantea, como la contratación de psicólogos y otros especialistas para la atención de los menores.

La SIP manifestó “profunda preocupación a los líderes del Congreso mexicano por una ley que presentó el presidente Enrique Peña Nieto, que con la buena intención de proteger a niños y menores, pudiera ser instrumento para coartar la libertad de prensa y expresión, con el agravante de condenar a prisión a periodistas, editores y directores de medios de comunicación”.

La preocupación de la SIP radica en la experiencia legislativa del continente, respecto a que muchas leyes de protección de menores y de horarios de protección para los niños en la TV fueron “caballos de Troya” para incluir y justificar restricciones en contra de los contenidos periodísticos y de las políticas editoriales de los medios.

En la mayoría de los supuestos delitos que cometieran los medios, se establecen fuertes multas que alcanzan hasta los 600 mil dólares estadounidenses y penas de cárcel hasta de 4 años (Art. 137) para periodistas y empleados de medios, elevándose al doble cuando esos delitos se achacan a editores y directores de medios.

Además de esas sanciones civiles y penales, la reincidencia de los presuntos delitos incluiría el cierre de medios, tanto tradicionales como digitales, y el retiro de sus licencias de operación.