Luis Fuente/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yuc.- La Fiscalía General del Estado cuenta desde hace más de dos años con una vicefiscalía para la prevención del delito, de justicia restaurativa y atención a víctimas en la que la labor de los psicólogos es fundamental: deben lograr que la persona esté en condiciones emocionales aptas para declarar y aportar datos que robustezcan la carpeta de investigación del caso, señaló su titular Juan Carlos Aza Rivero.

Así, la atención a víctimas del delito permite darle voz a quienes no la tienen o se quedaron sin ella; de ahí la importancia de que todos los actores intervengan para garantizar que se restituya lo perdido a cada afectado, ya que los ilícitos desarticulan a las personas, las disminuyen y colocan en situación de vulnerabilidad.

“Somos una defensoría legal para víctimas a quienes se les brinda atención jurídica y psicológica que los asista en el momento de interponer una denuncia y durante todo el proceso de la integración de la carpeta de investigación”, precisó el funcionario estatal.

Detalló que atienden a personas en calidad de víctima, ya sea directa o indirecta (refiriéndose a los familiares), a quienes se les acompaña en la integración de la averiguación del caso.

Señaló que los 10 abogados, ocho psicólogos y una trabajadora social integran el equipo de trabajo de la Dirección de Atención a Víctimas, que es el área que requiere del lado humano para atender los casos e impedir que los afectados se derrumben y logren estar en condiciones emocionales para llevar las diligencias legales correspondientes.

La directora de Atención a Víctimas, Rosa María Uribe Díaz, relató la labor de los psicólogos, ya que intervienen en las situaciones más intensas, cuando la víctima no tiene las condiciones para relatar cómo sucedieron las cosas, sobre todo cuando se trata de niños que son los afectados o testigos de un hecho delictivo.

“Los psicólogos trabajan con las víctimas para dejarlos en condiciones emocionales, rindan sus declaraciones ante la autoridad y aporten elementos que pueden ser vitales para el esclarecimiento de un hecho y la captura del responsable”, explicó.

A cualquier parte del Estado

Azar Rivero señaló que el trabajo de atención a víctimas no se limita a Mérida, sino que el personal acude hasta la comisaría más remota del Estado para prestar sus servicios a los afectados de hechos delictivos.

Indicó que a las víctimas se le les explica el procedimiento penal y se les prepara psicológicamente para enfrentar la situación.

“Toda persona víctima de un delito que no sabe qué hacer o conducirse para efectos legales recurre a nosotros”, enfatizó.

El trabajo social coadyuva con los asesores para proteger el entorno social de las víctimas; se realiza con investigación de campo, visitas domiciliarias u otras mecánicas para saber las condiciones de los afectados.

Los casos son variables, ya que en promedio mensual no son menos de 300 que se atienden, entre nuevos y seguimiento. 

La reparación del daño

El Comité Técnico Interinstitucional para la Atención y Protección a las Víctimas del Delito cuenta con un fondo de 2.5% del presupuesto de la Fiscalía General del Estado, aunque se podría obtener más recursos por medio de donaciones y otros mecanismos, señalaron autoridades. 

Dicho fondo asciende a ocho millones de pesos. 

Con estos recursos, en 2014 se reparó el daño a dos víctimas tras sentencias ejecutoriadas dictadas por los jueces. De las beneficiarias, una fue por la reparación del delito de violación e incesto, y el segundo caso por un homicidio calificado, por los cuales se erogó 20 mil y 136 mil pesos, respectivamente.

El secretario técnico del comité, Juan Carlos Azar Rivero, señaló que este fondo se maneja mediante un fideicomiso, “cuando hemos sido requeridos para cumplir con la reparación de una víctima se ha hecho a través de sentencia firme y ejecutoria; se hacen los trámites para que la institución bancaria que maneja el fideicomiso expida los cheques que son enviados al juez para entregárselo a las víctimas”.

La Ley General de Víctimas es integral, con todo un acompañamiento y una serie de atenciones; la reparación del daño es un derecho que tienen las víctimas, recordó.

Debe existir una serie de lineamientos para ser acreedor al fondo, uno es que la persona que ocasionó el daño no pueda pagar, y que el solicitante viva en condiciones deprimidas, económica y socialmente.