26 de Septiembre de 2018

Opinión

Voto devaluado

Al tiempo que la intensidad y longitud de las ante-precampañas se incrementa elección tras elección, el valor que desde la sociedad y el poder se reconoce al voto decrece.

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Al tiempo que la intensidad y longitud de las ante-precampañas se incrementa elección tras elección, el valor que desde la sociedad y el poder se reconoce al voto decrece. En el país en su conjunto, la proporción de ciudadanos que acude a votar va en retroceso, la representatividad de los diputados electos en distritos es, aritméticamente, cada vez menor, y el compromiso de los militantes con sus partidos se entraña con la obtención de beneficios económicos, incluyendo salarios muy malos pero generalizados. Los ciudadanos dudan cada vez más de los efectos reales que en su vida pudiera tener elegir a un partido u otro, y gradualmente se distancian de las urnas.

Lejos de las gestas por elecciones limpias, donde, por ejemplo, los ciudadanos, destacadamente las mujeres, se enfrentaban a las cuadrillas de golpeadores y evitaban el robo de ánforas, el ciudadano contemporáneo tiene una confianza vaga pero cierta en que su voto se contará adecuadamente. No siendo ya necesario defender el sufragio con el cuerpo mismo, ni nada que se parezca, un primer cambio de percepción, compartido con cualquier otra democracia, es que el derecho al voto pasa a ser algo normal, casi natural. Sí, sin embargo, su ejercicio rutinario no se traduce en cambios en la calidad de vida de las personas, su valor último pierde credibilidad: Ejercer el derecho a votar no lleva a vivir mejor.

El desprestigio general que se reconoce a la política encierra, de manera menos evidente, también un profundo desprecio al voto. En la valoración pública de presidentes, gobernadores y, muy especialmente, legisladores, no existe un reconocimiento básico a su condición de electos, es decir, al hecho democrático de que, en el ejercicio de sus funciones, actúan en nombre de cientos de miles, tal vez de millones, de personas. Porque nada, salvo el hecho de haber sido votados, les da el espacio de poder que ocupan. Es penoso, cuando no indignante, observar el trato que desde el poder público se da a los poderes fácticos, especialmente los económicos, reconociéndolos como representantes de la sociedad, condición que se escamotea a quienes para serlo obtuvieron el voto popular.

La escuálida democracia mexicana encuentra, por esa vía, un callejón sin salida. Con un sistema político que, por obsoleto, garantiza que la inmensa mayoría de los electos lo sean con votaciones marcadamente minoritarias, la gente no reconoce su sufragio, su voluntad política, ni en los gobernantes ni en los resultados del ejercicio del poder. Sobre esa endeble base de legitimidad, el Estado mexicano es incapaz de articular los múltiples y contradictorios intereses sociales en un proyecto de nación viable, con elevado consenso y capaz de producir beneficios generales para el país.

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