19 de Febrero de 2018

Yucatán

Los alcaldes que han sido desaforados en Yucatán

En las últimas décadas tres presidentes municipales han perdido sus privilegios por distintas acusaciones.

En las últimas décadas tres alcaldes del estado han sido desaforados por señalamientos de irregularidades en el ejercicio de sus funciones, entre ellos la primera alcaldesa del municipio de Sotuta. (Google Maps)
En las últimas décadas tres alcaldes del estado han sido desaforados por señalamientos de irregularidades en el ejercicio de sus funciones, entre ellos la primera alcaldesa del municipio de Sotuta. (Google Maps)
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Israel Cárdenas/ Milenio Novedades
MÉRIDA, Yucatán.- En las últimas décadas tres alcaldes del estado han sido desaforados y sometidos a procesos penales por señalamientos de irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Lo anterior toma relevancia ya que este lunes, el Gobierno del Estado presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política para eliminar el fuero al Ejecutivo, diputados locales, presidentes municipales, a los titulares de la administración pública estatal y a los titulares de organismos autónomos.

Esta propuesta responde a una necesidad de años, la cual se puede notar con los siguientes casos: 

1.- El 20 de diciembre de 1992 el Congreso del Estado desaforó al entonces presidente municipal de Tixpéhual, Ramón Antonio Barrera Bastarrachea, acusado de los delitos de peculado y falsificación de documentos. 

Barrera Bastarrachea fue electo para el periodo 1991-1993 y en el reciente proceso electoral del 2015, intentó sin éxito ocupar por segunda ocasión la alcaldía abanderando al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

2.- Otro caso se registró en el municipio de Sotuta donde la entonces presidenta municipal, María Asunción Pech Castillo, electa para el periodo 1995-1998, fue separada del cargo de manera indefinida y en su lugar fue nombrado un alcalde interino.

Este procedimiento se realizó tras denuncias de regidores y pobladores, quienes tomaron el palacio municipal por acusaciones como la de abuso de poder y el nombramiento de su cuñado como tesorero.

Pech Castillo había sido la primera mujer en ser electa como alcaldesa de Sotuta pero solo fungió en el cargo durante un año.

3.- En 1989 el Congreso del Estado destituyó de la alcaldía de Mérida a Carlos Satur Cevallos Traconis, bajo los cargos de malversación de fondos por la adquisición de unas grúas en negocios en el que participaban familiares, y por lo cual fue encarcelado e inhabilitado para cargos públicos por 15 años. 

Los señalamientos obedecieron a que el entonces presidente municipal adquirió los vehículos con una millonaria inversión sin el aval del Cabildo y sin licitación.

Ceballos Traconis fue electo para el periodo 1988- 1991. En su lugar fue nombrado Tuffy Gaber Arjona.

A la par de estos procedimientos, en los últimos años el Congreso del Estado ha recibido diversas solicitudes para desaforar a funcionarios mediante juicio político.

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Uno de estos casos se registró en 2013 cuando un grupo de ciudadanos pidió desaforar a la entonces presidenta municipal de Tinum, Natalia Mis Mex, por haber clausurado varios restaurantes locales debido a que se negaban a pagar la renovación de la licencia del uso del suelo, la cual pasó de costar cinco mil pesos a 120 mil pesos anuales.

Otro caso se registró en el municipio de Hunucmá en el año 2009, en el que un grupo de ciudadanos solicitó al Congreso del Estado juicio político en contra del entonces alcalde Mario Balam Poot, a quien señalaron de haber protegido y proporcionado todas las facilidades para la fuga de un presunto homicida.

  • En la legislatura 2007-2010 del Congreso del Estado se registraron diversas solicitudes de juicio político en contra de diversas autoridades municipales, ninguna procedió.
  • La legislatura 2010-2012 recibió solicitudes, algunas fueron admitidas pero durante el proceso quedaron sin efecto.

¿Qué es el fuero?

El fuero constitucional es aquella prerrogativa de senadores, diputados, presidentes de la república, presidentes municipales, gobernadores, así como de otros servidores públicos contemplados en la Constitución, que los exime de ser detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las leyes.

El fuero o la inmunidad se entienden también como un privilegio conferido a determinados servidores públicos, para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado en los regímenes democráticos, y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento. Lo anterior con base en el Sistema de Información Legislativa.
 

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