Coral Díaz/SIPSE
MÉRIDA, Yucatán.- El ombudsman de Yucatán, Jorge Victoria Maldonado, señaló ayer que las multas a los establecimientos que impidan el acceso a personas con discapacidad deben ser un último recurso, lo que se busca es crear una verdadera conciencia entre el sector empresarial y la sociedad para evitar algún acto de discriminación. 

Respecto al anuncio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de multar a los establecimientos, hasta por un millón y medio de pesos por negar el acceso o discriminar a personas con discapacidad, dejó en claro que las instituciones cumplen con lo establecido en sus leyes y reglamentos, pero antes de medidas coercitivas debe privilegiarse la conciliación y la verdadera conciencia del tema.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), precisó que la multa es un medio coercitivo (castigo), pero que se puede evitar fomentando una verdadera cultura de respeto a las personas con discapacidad.

“Lo que se percibe es que se cierran filas en torno al tema de la discapacidad, vemos la voluntad de los empresarios que hace unos días anunciaron un programa para sensibilizar al personal y las autoridades también harán la parte que corresponde”, precisó.

Victoria Maldonado dijo se necesita fortalecer una cultura de inclusión plena para que las personas se desarrollen en el ámbito académico, en lo laboral y, en consecuencia, se pueda lograr la independencia, que es uno de los principales anhelos de ese grupo en situación de vulnerabilidad.

Como se recordará, con base en el Artículo 58 de la Ley Federal del Consumidor, la Profeco está facultada para aplicar multas que van de los 570 pesos hasta un millón 578 mil pesos a los establecimientos que nieguen el servicio a personas con discapacidad.

En la Profeco Yucatán hay cinco procedimientos derivados de quejas de usuarios que fueron discriminados. 

El caso José Iván

• A José Iván Caballero Casares, el primer sordo, ciego en Latinoamérica que recibió un perro guía, no le permitieron la entrada en diversos locales de la entidad.
• Este caso ha generado que los empresarios promuevan la campaña “Empresa incluyente”, que pretende certificar a negocios para un mejor servicio a personas con discapacidad.