Congreso analiza ley pro menores

La propuesta incluye la reforma de varias normas de la entidad, por ejemplo, el matrimonio entre jóvenes.

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La comisión de Derechos Humanos continuará con el análisis de la nueva legislación en materia de menores en el Estado. (Milenio Novedades)
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Israel Cárdenas/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- La nueva legislación en materia de menores en el Estado, que modificará entre otras cosas, el estado civil de este rubro de la población es analizada desde este miércoles en el Congreso del Estado.

La comisión de Derechos Humanos distribuyó entre sus integrantes la iniciativa de Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán, y hoy en sesión continuará el análisis.

La propuesta legislativa presentada por la Consejería Jurídica, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, propone modificaciones a diversas legislaciones, como las leyes de Familia; del Registro Civil; para Prevenir y Eliminar la Discriminación; de Salud; de Educación y para la Protección de los Derechos de las Personas con discapacidad.

Algunos de los aspectos más importantes de estas reformas son el relativo a la prohibición del matrimonio entre menores de edad, y de que cualquier persona podrá recurrir a la denuncia popular para señalar actos de violencia contra los niños.

En su momento, el director general de Legislación y Normatividad de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Javier García Gómez, dijo que con estas propuestas dan cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que ordena a los estados expedir sus leyes locales antes del 3 de junio.

Respecto de la “denuncia popular”, se refiere a que cualquier persona que conozca de la violación o de la afectación de un derecho de niña, niño o adolescente podrá acudir ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) e iniciar un procedimiento, cuyo fin puede ser un plan resarcitorio que establecerá las tareas que deberá desempeñar el abusador o la aplicación de una multa de hasta mil 500 salarios mínimos.

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