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MÉRIDA, Yuc.- El Gobierno de Yucatán violó la Constitución cuando aplicó, a capricho, la reforma educativa, asegura Mexicanos Primero.

Por eso, la organización 'urgió' al Congreso de la Unión y poder Ejecutivo a preparar controversias constitucionales contra Yucatán y otros cinco estados más que no cumplieron con aceptar la reforma tal cual.

De acuerdo con la organización, los puntos que Yucatán y los otros estados legislaron a modo del magisterio son:

•  Castigo a los profesores faltistas
•  Pago a los comisionados sindicales
•  Baja por reprobar 3 veces la evaluación docente
•  Preferencia de normalistas locales en concursos de plaza
•  Atribuciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)

En el caso de los comisionados sindicales que reciben salario, Yucatán es el segundo lugar nacional por el número de profesores que tiene en esta 'categoría', es decir, no ejercen su labor pero cobran un salario.

Del total de 30 mil 695 profesores con 'licencia' o comisión, Yucatán tiene a dos mil 721, tan sólo detrás de Jalisco con dos mil 784, y Estado de México con dos mil 610.

La LX legislatura de Yucatán aprobó, el pasado 16 de enero, la reforma constitucional en materia de Educación, con lo cual se convirtió en la entidad número 18 en aprobar la minuta y se rebasa el requisito de 17 para darle vigencia a nivel nacional.

Mexicanos Primero asegura que las leyes aprobadas en esas entidades permiten prácticas que la autoridad educativa intenta erradicar.

La 'urgencia' por interponer las demandas de controversia es porque el Gobierno federal tiene menos de dos semanas para proceder contra los seis estados que infringieron la reforma educativa cuando “armonizaron” sus leyes estatales de educación.

La organización recuerda que los gobiernos estatales se comprometieron a aplicar la reforma tal cual, pero algunos la cambiaron a capricho para consentir a los profesores.

De acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, la Secretaría de Educación Pública, el Consejero Jurídico del Gobierno es quien debe  presentar las controversias a la Suprema Corte de Justicia. 

Sin embargo, establece 30 días naturales, a partir de la publicación de las leyes estatales, para iniciar el trámite.

Los cambios en las leyes de Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas contravienen lo establecido en la Constitución, independientemente de que cumplieron en tiempo y forma con la aprobación y publicación de su legislación.

A contrarreloj

Según los días de publicación de las leyes en esos estados, el Gobierno federal debe interponer el primer juicio en contra de Veracruz a más tardar el 23 de abril.

A partir de allí, cuenta con casi un mes para ingresar los cinco restantes.

Para la directora de la División de estudios Jurídicos del CIDE, Leticia Bonifaz, hay posibilidades de que el gobierno gané las demandas. “La corte obliga a hacer la modificación siempre y cuando gane por ocho votos de los 11 ministros, lo cual es factible”.

En caso de que el gobierno decida no actuar, existen otros procesos jurídicos, “pero derivarían en litigios muy largos, que en el pantano de los trámites puede diluir el potencial reformador de las leyes de educación”, apuntó Serdán.

Las otras omisiones

Otros ocho estados incurrieron en omisiones al modificar sus leyes estatales de educación, pues no incluyeron puntos álgidos establecidos en la reforma educativa y sus leyes estatales, como el hecho de que ya no se puede pagar el sueldo de los comisionados sindicales.

“Hay artículos que no fueron incluidos, pero tampoco contradicen a la Constitución. En esos casos se puede crear confusión porque la ley estatal no me lo prohíbe entonces me lo permite y no funciona así. En esos casos se deben regir por las leyes federales”, subrayó Alberto Serdán.

Por otro lado, 12 entidades más no promulgaron su legislación, por lo que hasta ahora se desconoce su contenido. 

En el caso de Sonora, los funcionarios señalaron que su ley tiene controversias constitucionales, por lo que se regresará al congreso para reformarla;  mientras que autoridades de otros estados, como Chiapas, aseguraron que promulgaron la nueva ley, pero no aparece en ningún portal del gobierno.

Ante esta situación, Serdán lamentó que los estados quieran mantener vivos los acuerdos y pactos con el magisterio.

“Sabíamos, y no somos ingenuos, que esta reforma generaría estas resistencias, pero eso no debe dar pie a que los gobiernos estatales consientan la permanencia de los pactos”, puntualizó el investigador.

(Con información de msn noticias y diario 24 horas)