Israel Cárdenas/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- Los delitos cometidos por los presidentes municipales en Yucatán ya no pasarán por el Congreso del Estado, sino que se creará un Tribunal de Justicia Administrativa y un área especial en la Procuraduría General de la República (PGR) para abordar estos asuntos en el orden administrativo y penal.

Este nuevo proceso sustituirá al actual en el que la Auditoría Superior del Estado fiscaliza la cuenta pública de los 106 ayuntamientos del Estado, luego envía ese reporte a la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia del Congreso local que le otorga un calificativo a cada alcalde que puede ser positivo, negativo, con salvedad o abstención de opinión.

Posteriormente se turna al pleno de los 25 diputados locales para su aprobación, y finalmente lo regresa a la Auditoría que da un nuevo plazo a los presidentes municipales para que solventen las observaciones que hubieran o para que proceda en consecuencia.

El auditor superior del Estado, René Márquez Arcila, explicó que con la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, en Yucatán se aplicarán dos métodos para proceder en contra de los alcaldes que hagan mal uso de los recursos públicos.

Agregó que la Auditoría Superior del Estado turnará directamente las irregularidades relacionadas con documentación de los ayuntamientos al nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, en tanto que cuando se trate de ilícitos del orden penal serán enviados a la nueva dirección de la PGR, por lo que ya no será necesaria la intervención del Poder Legislativo.

Hay que recordar que actualmente en Yucatán existe un Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa que depende del Poder Judicial, pero con estas disposiciones se creará un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa que atenderá asuntos relacionados exclusivamente con la fiscalización.

Márquez Arcila dijo que el nuevo sistema implicará la creación de tipos penales para tipificar delitos en la materia expuesta, habrá reformas a la Ley de responsabilidades de los servidores públicos, se crearán la leyes del sistema anticorrupción y la del sistema de fiscalización; asimismo, este esquema entrará en vigor a plenitud a finales de 2017.

Abundó que en este momento la auditoría estatal capacita a su personal sobre este nuevo sistema que incluye temas como normas de auditoría, reglamentación del Sistema Nacional Anticorrupción y el control interno, entre otros.

Dijo que en tanto entra en vigor estas nuevas disposiciones continuarán fiscalizando con base en las actuales reglas, “hoy nos rige la Ley de fiscalización del Estado y los procedimientos coordinados con la Auditoría Superior de la Federación, con los que hemos hecho durante este año 22 auditorías para revisar recursos federales del Estado y de los municipios”. En este sentido declaró que en las próximas semanas se darán a conocer los resultados.

Hay que recordar que en los últimos cinco años el ex alcalde de Tizimín José Luis Peniche Bates protagonizó uno de los procesos más sonados luego de que el Congreso del Estado le rechazó su cuenta pública y ha sido señalado del desvío de más de 64 millones de pesos durante su gestión de 2007 a 2010.

Los expedientes

• La nueva dirección que atenderá asuntos relacionados con la fiscalización en la PGR recibirá expedientes de la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y de la Contraloría General del Estado.
• El nuevo Tribunal de Justicia Administrativa tendrá la responsabilidad de abordar asuntos no penales, derivados de la fiscalización por parte de todos los entes mencionados, con una misma forma, evidencia y trabajo.

Saltarse reglas, una falta recurrente de los ediles yucatecos

La mala aplicación de los recursos públicos por no sujetarse a las reglas de operación constituye la irregularidad más frecuente en que incurren los presidentes municipales en Yucatán, informó la Auditoría Superior del Estado.

El organismo fiscalizador expuso que las observaciones fuertes a la cuenta pública de los ayuntamientos están en las obras destinadas para la zona de pobreza, ya que las reglas de aplicación indican los lugares específicos a establecerlas; sin embargo, los alcaldes las edifican en otros puntos, como las cabeceras municipales.

“En Yucatán no es tanto el desvío de recursos, sino la mala aplicación por no respetar la regla. No es que se hayan robado el dinero (los alcaldes), sino que las obras se hicieron en un lugar donde no debieron, lo cual no es permitido por la ley. Esos son los errores más comunes que se registran”, informó la Auditoría, que también indicó que en este momento no es posible saber cuántos casos hay en la entidad, pues están en análisis.

Respecto de la revisión de la cuenta pública correspondiente a los alcaldes que concluyeron su gestión el 31 de agosto pasado, cuyo dictamen establecerá en qué condiciones dejaron los ayuntamientos, la Auditoría Superior del Estado dio a conocer que en este momento revisan la cuenta pública de estos ex gobernantes, pero correspondiente a la anualidad de 2014.

En este sentido, se informó que los 106 ayuntamientos tuvieron observaciones en sus reportes, los cuales van desde áreas como el control interno, órdenes de compra, bitácoras de gasolina, hasta la armonización contable.

Los ahora ex alcaldes tienen de plazo hasta noviembre para solventar las observaciones planteadas; seguidamente la Auditoría tendrá hasta el 20 de febrero de 2016 para enviar sus dictámenes a la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia del Congreso del Estado para que realice el proceso legislativo tradicional, en tanto entran en funciones las nuevas reformas que cambiarán el esquema de revisión. De lo que informamos en nota aparte.

La fiscalización de la cuenta pública de los 106 ayuntamientos correspondiente a 2015 iniciará el 1 de abril de 2016; los alcaldes que iniciaron su gestión el pasado 1 de septiembre tienen hasta el 31 de marzo de 2016 para enviar a la Auditoría Superior la cuenta pública correspondiente a la anualidad de 2016.

De todo el año

La Auditoría Superior del Estado informó que el hecho de que las nuevas autoridades municipales presenten la cuenta pública correspondiente a todo 2015 no significa que sean responsables de toda la anualidad, ya que durante los primeros ocho meses del año fungieron en el cargo los ahora ex alcaldes.

El organismo informó que durante las primeras semanas de esta administración municipal, que inició el 1 de septiembre, ya tuvieron tres reuniones de trabajo con los alcaldes para abordar estos temas.