Candelario Robles/SIPSE
MÉRIDA, Yucatán.- A Francisca le costó caro comprar a crédito, en 2014, un teléfono celular...

La suerte pareció abandonarla cuando perdió su trabajo y, en consecuencia, se quedó temporalmente sin recursos para pagar los abonos de 120 pesos semanales, como lo había hecho durante casi año y medio.

Ya había pagado tres mil 500 pesos y estaba a punto de terminar su deuda. El teléfono, de contado, costaba tres mil 800 pesos, pero con los intereses del plan que escogió en abonos, el precio subió a cuatro mil 500.

A las pocas semanas empezó a recibir llamadas exigiendo que se pusiera al corriente en su deuda, pero ella contestaba que la esperaran, pues se había quedado sin empleo. Las llamadas eran día, tarde y noche. Los telefonazos se extendieron a sus familiares que puso como aval.

A los tres meses de morosidad empezó a recibir cartas de despachos de cobranza, los cuales le exigían el pago de nueve mil pesos, pues de lo contrario, según las advertencias, “se le embargarían sus predios” y se le “aplicaría prisión por delito de fraude”. 

Francisca dejó truncos sus estudios de enfermería. Así se gana la vida, cuidando pacientes de conocidos y vecinos por las noches.

Tenía un trabajo de medio tiempo en una clínica particular, pero un recorte de personal la dejó fuera.

“El sueldo de cuidar a personas de la tercera edad por la noche no me alcanza para cubrir todas mis necesidades, por lo que ya no pude seguir pagando el celular, y las amenazas de los despachos llegan a mi casa casi a diario”, relató.

Y es que, abundó, a las llamadas telefónicas insistentes y ofensivas a toda hora se suman el envío de cartas que simulan ser documentos judiciales, al hacerse pasar por abogados o empleados judiciales. 

Estaba en plena desesperación por perder sus bienes por culpa de un teléfono cuando alguien le recomendó acudir a la delegación local de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras a exponer su caso.

Interpuso una queja y, con la intervención de las autoridades, el conflicto se resolvió con un pago de dos mil 500 pesos.

El delegado de la Condusef, René Tun Castillo, dijo que esas situaciones ahora están penadas por la Ley, por lo que llamó a denunciar este tipo de amenazas de los despachos de cobro que operan en la entidad.

Recordó que algunos despachos enviaban “machotes” de cartas, mediante las cuales amenazan a los deudores, “redactan que hay una orden de embargo, que se abrirán cerraduras, que el deudor puede ir a la cárcel”.