Incumplen con su declaración patrimonial 230 burócratas

La Contraloría señaló que estos funcionarios serán acreedores de amonestaciones o sanciones, según sea el caso.

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La Contraloría estatal sancionará a los funcionarios públicos por incumplir con la presentación de su declaración patrimonial. (Milenio Novedades)
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Sonia de Anda/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- Cerca de 230 burócratas de organismos centralizados y descentralizados incumplieron la obligación de presentar su declaración patrimonial antes del 31 de mayo, por lo que serán acreedores de amonestaciones o sanciones, según sea el caso, informó el secretario de la Contraloría del Estado, Miguel Antonio Fernández Vargas.

Explicó que debido a que en los dos últimos años se han aplicado sanciones a los servidores públicos que incumplieron con la obligación de presentar su declaración patrimonial, la respuesta que obtuvo la secretaría al vencer el plazo este 31 de mayo fue satisfactoria, ya que a diferencia de 2014, en esta ocasión respondió el 91 por ciento de los burócratas que debían atender esta responsabilidad.

“Tuvimos un cumplimiento magnífico”, apuntó el secretario, quien indicó que la respuesta fue satisfactoria, aunque cerca de 230 trabajadores de dependencias públicas centralizadas y descentralizadas podrían ser sancionados e incluso inhabilitados si se detecta reincidencia.

“Lógicamente que la gente que no cumplió en tiempo podrá hacerse objeto a una amonestación pública o privada, si es la primera vez que tiene esa falla o si tiene reincidencia puede ir a una suspensión laboral de algunos días”, declaró.

Destacó que la diferencia entre la respuesta de este año y la del anterior es significativa, ya que en el 2014 atendieron la obligación el 80 por ciento de los burócratas, por lo que el resto se hizo acreedor a sanciones que están marcadas en la ley de responsabilidades de servidores públicos.

Por otra parte, el funcionario estatal indicó que ante la conclusión de las administraciones municipales, el Gobierno del Estado da seguimiento al cumplimiento de los ayuntamientos en cuanto la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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