Luis Fuente/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yucatán.- Todas las partes involucradas en el juicio del asesinato del médico psiquiatra Felipe de Jesús Triay Peniche interpusieron el recurso de casación (anulación de una sentencia) ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en contra de las sentencias emitidas por el Tribunal Segundo de Juicio Oral, por lo que ahora, en un plazo de 10 días hábiles, esta instancia fijaría la fecha para la audiencia y emitir una resolución sobre el caso.

El Tribunal Superior de Justicia tiene la facultad de confirmar, modificar e incluso revocar las resoluciones del Tribunal Segundo de Juicio Oral que sentenció a Pablo Santos García Gutiérrez a 35 años de prisión y liberó a Enrique Lara González por “duda razonable”.

Como se esperaba, en el último día del plazo, la Fiscalía General del Estado, el asesor jurídico de las víctimas indirectas en este asunto y la defensa de Pablo Santos García Gutiérrez interpusieron el recurso de casación en este caso: los dos primeros, en contra de la libertad de Enrique Lara González, decretada por el Tribunal Segundo de Juicio Oral en el caso del asesinato de Triay Peniche, mientras que la defensa de García Gutiérrez para pedir su absolución.

Como publicamos, el 27 de agosto pasado, tras un juicio de tres meses, el Tribunal Segundo de Oralidad declaró por unanimidad culpable a Pablo Santos García, quien fue condenado a 35 años de prisión y al pago de 35 millones 600 mil pesos por reparación del daño, y liberó a Enrique Lara González del homicidio del psiquiatra Felipe Triay.

En lo que se refiere a Enrique Lara, este colegiado indicó que la Fiscalía General del Estado no pudo demostrar más allá de toda “duda razonable” la participación de esta persona en este asesinato.

Ahora, la Fiscalía interpuso el recurso de casación contra esa resolución del Tribunal Segundo de Juicio Oral, en base a que consideró que se aportaron todas pruebas para demostrar que Lara González fue el coautor de este crimen.

Los fiscales señalaron que se demostró en el juicio la coautoría de los dos acusados, quienes se dividieron las tareas antes, durante y posteriormente del asesinato de Felipe Triay Peniche. El asesor jurídico se unió a esta petición de la FGE.