Israel Cárdenas/ Milenio Novedades
MÉRIDA, Yucatán.- El Estado prepara un documento en el que se establecerán recomendaciones para actividades agroindustriales como lo son granjas porcícolas y su convivencia con los sectores turístico y comercial denominado.

El instrumento llevará por nombre: “Análisis de sustentabilidad de futuras inversiones agropecuarias en el estado de Yucatán” y es integrado con aportaciones de instituciones académicas de nivel superior, dependencias estatales y federales en materia ambiental y la iniciativa privada, además de que será coordinado por la Secretaría de Fomento Económico (Sefoe) del Gobierno del Estado.

Lo anterior es parte de las 20 conclusiones de los análisis realizados en tres mesas de trabajo denominadas “Conservación y aprovechamiento de recursos hídricos”; “Uso del suelo con relación al ecosistema”; y “Desarrollo sustentable de las actividades económicas y fomento para el bienestar de las comunidades”. 

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Dichas conclusiones integrarán el documento rector “Análisis de sustentabilidad de futuras inversiones agropecuarias en el estado de Yucatán” que estará listo en 12 meses y que este mes de marzo tendrá su primera sesión.

La investigadora titular de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Diana Cabañas Vargas quien coordinó la primera mesa de trabajo “Conservación y aprovechamiento de recursos hídricos”, precisó que dicha mesa tuvo ocho conclusiones las cuales son: la importancia del aprovechamiento sustentable del recurso hídrico requiere realizar estudios de línea base y mantenerlos actualizados; establecer una red de monitoreo de la calidad del agua en el estado; realizar una revisión técnica de instrumentos de política pública existente tales como los ordenamientos territoriales y considerar que los instrumentos de evaluación de impacto ambiental incluyan particularidades de cada sector del territorio, incluyendo estudios geohidrológicos.

Asimismo busca delimitar zonas de estudio para establecer criterios particulares que aseguren la protección de la calidad del recurso hídrico; evaluar y promover buenas prácticas de manejo productivo involucrando el trabajo sinérgico y coordinado entre autoridades, academia, sectores productivos y comunidades que permitan reducir y prevenir la contaminación ambiental.

Pretenden también desarrollar programas educativos en los que la sociedad tenga participación activa en programas del cuidado del medio ambiente y conservación de los recursos naturales; promover la educación ambiental con la finalidad de impulsar la transformación de la sociedad hacia la sustentabilidad; y asimismo integrar el conocimiento existente y futuro para determinar el uso y manejo eficiente del recurso hídrico para desarrollar medidas que minimicen los impactos negativos y maximicen los impactos positivos que generan los proyectos agroindustriales.

Por su parte, el director general de Extensión y vinculación de la Uady, Miguel Carvajal Rodríguez quien coordinó la mesa “Uso del suelo con relación al ecosistema”, aseguró integrar cuatro conclusiones: generar información sobre el suelo; definir los criterios y generación de políticas de recursos hídricos del suelo; evaluar los impactos ambientales de la actividad en el suelo y acumulativos con los ecosistemas afectados; y establecer mecanismos de monitoreo y vigilancia.

En tanto, el director general de Planeación y Proyectos Estratégicos de la Sefoe, Rodrigo Cejudo Valencia quien coordinó la mesa de trabajo tres “Desarrollo sustentable de las actividades económicas y fomento para el bienestar de las comunidades”, afirmó integrar ocho conclusiones: definir criterios de selección de sitios para la ubicación de proyectos que consideren la vulnerabilidad del recurso hídrico del suelo y de los usos de suelo actuales del estado.

Asimismo desarrollar medidas para minimizar los impactos negativos y maximizar los impactos positivos derivados de la adecuada evaluación de impacto tanto social como ambiental; definir la vulnerabilidad socioambiental de la porcicultura y el turismo de naturaleza en el estado.

Agregó que otra conclusión es definir la afectación social de los proyectos, realizando un mapeo y análisis de los diferentes sectores que interactúen en el territorio; generar medidas para prevenir, minimizar y mitigar los impactos socioambientales de un proyecto, que incluya la socialización de las mismas mediante diálogo abierto, transparente y participativo con las comunidades; evaluar los impactos ambientales de la actividad considerando los impactos para los ecosistemas afectados, principalmente para los recursos hídricos y el paisaje.

Explicó que también se buscan definir indicadores adecuados para vigilar la calidad de vida de las comunidades y los ecosistemas mediante sistemas de monitoreo con la finalidad de medir la eficiencia de las medidas de prevención, mitigación y compensación de impacto de los proyectos; y generar un modelo de desarrollo de las actividades agropecuarias que permitan compatibilizar el bienestar de las comunidades considerando sus costumbres, tradiciones, cosmovisión y sustentabilidad.