Patricia Itzá/SIPSE

Mérida, Yuc.- Las personas interesadas en adquirir una vivienda en Yucatán se encuentran desprotegidas debido a que no existe un registro estatal o municipal que les pueda guiar o dé a conocer qué fraccionamientos están municipalizados y cuáles no, con lo cual podrían tomar una decisión que no se convierta en un dolor de cabeza.

El director del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), César Escobedo May, explicó que la dependencia a su cargo sólo puede otorgar asesoramiento a los municipios, ya que es “respetuoso de los gobiernos municipales, siendo ellos los que deben vigilar la construcción y posteriormente la recepción de una nueva zona urbana, por lo que ahí no se pueden meter”.

La localización de los terrenos sin servicios es urgente, debido a que uno de los principales problemas es el abandono de viviendas en donde los dueños, al no contar con los servicios necesarios o de buena calidad, abandonan sus hogares.

“El Gobierno del Estado es respetuoso de la autonomía municipal, porque es un nivel de autoridad; en ciertos temas, como seguridad, salud, transporte, entre otros, la obligación del Estado es intervenir, pero el caso particular de los fraccionamientos es, como su nombre lo indica, un proceso de municipalización”, precisó.

El proceso de municipalización de los fraccionamientos se realiza posterior a la venta de las viviendas, pero es evidente que en los construidos en Kanasín, Umán y Conkal a las empresas desarrolladoras no se les exigió darle seguimiento, por lo muchos abandonaron las casas dejando sin la garantía de la reparación de calles, recolección de basura y áreas verdes, entre otras necesidades.

Dijo que su labor es coadyuvar en los procesos de otorgamiento de créditos cuando exista un programa para que la sociedad, al contar con los requisitos, pueda obtenerlos.

Señaló que las personas interesadas en una vivienda deben acudir al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para que éstos puedan consultar qué fraccionamientos están registrados y así adquirir la vivienda en una zona en donde se garantice los servicios, ya que no existe otro mecanismo que especifique o indique los lugares en “riesgo”.

Sobre los desarrolladores “fantasma” que sólo compran lotes de terrenos para construir un número reducido de viviendas y no realizan el registro adecuado ante los municipios, comentó que es muy difícil obtener datos sobre estas acciones.