EFE
LA PAZ, Bolivia.- El Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia vetó la despenalización del aborto en este país e instó a la Asamblea Legislativa a que elabore y apruebe una ley que regule los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

El órgano judicial descartó despenalizar la interrupción del embarazo al ratificar en una sentencia la constitucionalidad del respeto a la vida desde la concepción, según comunicó el jueves a la prensa en Sucre, sede del poder judicial, el magistrado del TC Gualberto Cusi.

"Ya existe una sentencia constitucional sobre el tema del aborto, (que) en los próximos días se notificará a las partes", dijo Cusi, quien preside la Sala Primera Especializada del TC.

El magistrado detalló que el razonamiento sobre el que se asienta la sentencia del tribunal es "que se respeta la vida desde la concepción", según recogió la agencia estatal ABI.

La sentencia fue adelantada este jueves a la prensa pero no se hará pública hasta el próximo lunes.

Cusi explicó que para emitir su dictamen, los magistrados recabaron información y accedieron a investigaciones, propuestas y experiencias internacionales.

Análisis diferente

En junio de 2013, el presidente del Constitucional, Ruddy Flores, reveló que los magistrados de ese organismo sostenían un intenso debate sobre la posible despenalización del aborto.

Flores afirmó que el fallo "va a marcar un análisis diferente respecto de la protección de los derechos de la mujer, (sus) derechos sexuales reproductivos".

"Es una sentencia que nos ha llevado mucho tiempo, mucho análisis, (y) esfuerzo de parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, pero entendemos que se ha llegado a un acuerdo, a un fallo donde se está observando, principalmente el interés de la sociedad", agregó.

El presidente del Constitucional reveló que la sentencia cuenta con votos "disidentes", aunque no precisó qué magistrados estuvieron en contra.
Cuando Flores anunció el año pasado que el alto tribunal estaba debatiendo sobre este asunto, miles de personas se manifestaron en varias ciudades de Bolivia en contra del aborto.

La mayoría de los manifestantes estaban vinculados a las iglesias Católica y Evangélica, las que cuentan con una mayor presencia en el país andino.

Autorización judicial

El fallo del Tribunal Constitucional responde a un recurso planteado por la diputada oficialista Patricia Mancilla que cuestionaba varios artículos del Código Penal, que penaliza la interrupción del embarazo y lo autoriza en circunstancias excepcionales.

Los únicos supuestos en los que está autorizado el aborto en Bolivia es en embarazos producto de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro, incesto y cuando la vida de la madre esté en riesgo.

Sin embargo, en cualquiera de esos supuestos se debe contar con autorización judicial.

Organizaciones feministas han denunciado que en ocasiones los jueces no dan curso a casos en los que la interrupción del embarazo entraría en los supuestos que recoge la ley.

A ello se suma el crónico retraso de la Justicia boliviana, que provoca que la autorización judicial no llegue a tiempo en algunos casos en los que el aborto sería lícito.

Pena de muerte

El presidente boliviano, Evo Morales, ha sostenido que el aborto es un delito, pero también ha reconocido que debe debatirse sobre el tema después de que varios de sus ministros se pronunciaran a favor de la despenalización.

Por contra, sindicatos campesinos e indígenas leales al gobernante lo rechazan de forma tajante porque lo consideran "una pena de muerte".

Según un estudio presentado el año pasado por la investigadora estadounidense Natalie Kimball, Bolivia es uno de los países con las tasas más altas de aborto del continente, después de Haití y de Cuba, aunque en este último país es legal desde hace décadas.

Ese mismo estudio señala que en el país andino abortan cada año entre 40,000 y 80,000 mujeres, y que 3 de cada 5 bolivianas interrumpen un embarazo al menos una vez en su vida.

En su trabajo, Kimball revelaba que en Bolivia existe una red de organizaciones no gubernamentales vinculadas a la salud que responden a la demanda de abortos ilegales.