PANAMÁ.- El abogado Jamis Acosta, empezó esta semana una sacudida legal contra los fiscales de la Procuraduría panameña Isis Soto y Sonia Armengol Quesada, así como la juez Clara Montenegro González, acusados de corrupción en el ejercicio de sus funciones, con la presentación de dos amparos de Derechos y Garantías Constitucionales, a favor del empresario mexicano quien sufriera una serie de atropellos por parte de varios funcionarios.

De acuerdo a información dada a conocer por el abogado, existen dos acciones legales específicas contra igual número de órdenes de aprehensión de la Juez de Garantías, Clara Montenegro González, ambas del día 06 de diciembre del 2019, en acto de audiencia oral de control de legalidad de medidas cautelares en la que se dispuso legalizar aprehensiones contra el ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos.

Redacción.

Esta resolución abarcó también de manera arbitraria, bloqueo de cuentas bancarias y secuestro de varios vehículos, en resoluciónes emitidas por la fiscal Sonia Armengol Quesada, de Atención Primaria, segunda Sub Regional; asimismo contra resolución sin número, del 6 de noviembre del 2019 de la Fiscalía Segunda Especializada, a cargo de Isis Soto.

La defensa de la víctima argumenta que se le han violado sus derechos y garantías fundamentales como la presunción de inocencia, donde el debido proceso ha sido envilecido, producto de actos contrarios a derecho que han desencadenado una serie de afectaciones irreparables al patrimonio económico, bienes privados y debidamente acreditados del empresario mexicano.

Cabe señalar que todos sus derechos fueron pisoteados, a pesar de que radica en Panamá desde el año 2017, cuando obtuvo una visa como inversionista, debidamente tramitada ante el Servicio Nacional de Migración; autoridades de México han enviado basta información sobre el empresario, tal como su pasaporte, no obstante Panamá pretende vincularlo a un delito contra la fe pública, por un posible pasaporte falso.

Esta acusación ya fue desmentida en su momento, ya que mediante asistencia internacional se logró acreditar que el empresario no mantiene vínculo alguno para que se le investigue en Panamá, donde la Procuraduría se ha excedido en sus funciones al acusarlo de blanqueo de activos, delito que no cuenta con los requisitos mínimos para desarrollar una investigación penal.

Esta investigación nace, producto de una comunicación simple del Principado de Andorra, que sólo pone en conocimiento a Panamá de un posible documento que carece de veracidad, y que fue utilizado para dar poder para pleitos en su jurisdicción, sin embargo la Notaria Duodécima, que emite escritura pública de poder para pleito, advierte que la tramitación de dicho documento fue un acto revestido de legalidad y en su presencia como consta dentro de la carpeta ministerial.

Por otra parte, el abogado Jamis Acosta presentó de igual manera una querella penal por posible comisión de Delito Contra la Administración de Justicia y Pública, contemplados en los artículos 355 y 382 del Código Penal, contra estos servidores públicos que actuaron de manera ilegal, al incurrir en extralimitación de funciones y calumnias en actuaciones judiciales.