24 de Septiembre de 2018

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Reglamentan la eutanasia en Colombia

Antes del próximo 20 de abril, el Ministerio de Salud presentará los protocolos que deben seguir los médicos, especialistas y hospitales.

En 1997 se despenalizó la eutanasia en el país, aunque desde entonces no se expidió el reglamento para su aplicación. Foto de contexto. (EFE)
En 1997 se despenalizó la eutanasia en el país, aunque desde entonces no se expidió el reglamento para su aplicación. Foto de contexto. (EFE)
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Agencias
BOGOTA, Colombia.- En un mes, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia deberá tener lista la reglamentación para permitir la eutanasia en el país, por orden de la Corte Constitucional, que negó ampliar el plazo que esa cartera le solicitó para tramitar los protocolos respectivos.

De acuerdo con un reportaje que publica la agencia Ansa Latina, el mismo Ministerio se fijó como plazo el próximo 20 de abril, para presentar los protocolos médicos que deberán seguir en adelante los especialistas, hospitales y promotoras de salud en el país en caso de que un paciente exija morir dignamente.

La cartera de Salud había pedido a la Corte Constitucional que le permitiera ampliar durante seis meses el plazo para poner en funcionamiento los comités Interdisciplinarios y el protocolo científico a seguir en estos casos, pero el Tribunal negó la petición y urgió una respuesta inmediata al tema.

En 1997 se despenalizó la eutanasia en el país, en ese momento la Corte Constitucional dejó en manos del Congreso su reglamentación pero no le puso un plazo perentorio, por lo que el tema no trascendió en el legislativo.

El caso que activó el tema

El asunto volvió a tomar fuerza cuando en 2013 una mujer con una grave enfermedad interpuso una acción jurídica perentoria por vulneración de sus derechos fundamentales, llamada tutela, contra una prestadora de salud que se negaba a practicarle la eutanasia.
    
Al año siguiente, la Corte falló en favor de la mujer y ordenó al Ministerio reglamentar el procedimiento e incluso le dio algunos argumentos a tener en cuenta, entre otras, que solo podía aplicarse a pacientes terminales que estuvieran sufriendo y que manifestaran de manera voluntaria su deseo de morir dignamente.

El Tribunal señaló que una vez hecha la solicitud, el médico tratante debía convocar a un comité interdisciplinario para que estudiara el caso y decidiera en el menor tiempo posible, sugirió que el hospital asistiera sicológicamente a las familias de estos pacientes y ordenó un reporte de cada caso al Ministerio.

Carmenza Ochoa, directora la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, celebró la decisión de la Corte Constitucional, al advertir que no pueden pasar otros 18 años para tomar una decisión al respecto.

"La Corte le había pedido al Congreso que reglamentara en el menor tiempo posible el tema y lleva 18 años y no lo ha hecho. Entonces, si la Corte no es perentoria, pues otra vez nos vamos a estas largas. De manera que me parece muy bien que le haya dado un tiempo perentorio al Ministerio", le dijo Ochoa a Ansa.

Respecto a la cantidad de pacientes que podrían estar a la espera de esta reglamentación, la activista dijo no tener cifras. "No hay cifras, son pocos, pero las minorías también tiene derechos", enfatizó.

Agregó que los dos principales factores para que la eutanasia no opere en el país es el temor de los médicos a verse envueltos en procesos judiciales y los obstáculos morales de los sectores conservadores y religiosos del país, que se oponen a la iniciativa.

"Las personas religiosas y de derecha, los conservadores absolutos, se han convertido en un obstáculo, pero esperemos que en este momento no lo sean más", sostuvo Ochoa.

Precisamente, el Ministerio dijo en un comunicado que acogía la decisión de la Corte Constitucional, pese a no conocer su decisión sobre la ampliación del plazo, negó también tener "respuesta" de ese Tribunal a la nulidad presentada por la Procuraduría General de la Nación.

A inicios de marzo la Procuraduría le solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional anular el fallo que ordenó reglamentar la eutanasia, al argumentar que solo el Congreso era el único que podía hacerlo y habría una "invasión" de "competencias".

El procurador general, Alejandro Ordóñez, es un hombre de férreas convicciones religiosas que al igual que se opone a la eutanasia, es contradictor del aborto, así como del matrimonio de parejas del mismo sexo y la adopción de menores por parte de esas uniones.

Ética y religión

  • Colombia es un país mayoritariamente católico y conservador, aunque en los últimos años ha dado muestras de una apertura liberar en temas que antes eran tabú o vedados.
  • Varios médicos formados en el país provienen de universidades de concepción religiosa, muchos de los cuales han advertido que no van a practicar la eutanasia, para lo cual deberán remitir a estos pacientes a otros especialistas u hospitales que no estén regidos por este tipo de creencias.

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