Agencias
BOGOTA, Colombia.-  El Consejo de Estado, una de las cuatro altas cortes colombianas, declaró improcedente la demanda presentada por el alcalde Gustavo Petro para suspender su destitución bajo señalamientos de violar las normas de contratación de servicios públicos.

La votación del miércoles fue de 14 votos a favor y 11 en contra de declarar como improcedente el recurso del alcalde.

El Consejo también ratificó que la Procuraduría General sí está facultada para sancionar disciplinariamente a funcionarios de elección popular con medidas como la destitución, de acuerdo con AP.

La decisión de la Procuraduría fue "legítima y justificada", dijo en conferencia de prensa María Claudia Rojas, presidenta del Consejo de Estado, al referirse que aún el alcalde sigue en su cargo. Al ser consultada dijo que Petro se mantiene en el cargo.

"Sigue suspendido el fallo de la Procuraduría" debido a que quedan por resolver más de 20 demandas presentadas este año por simpatizantes de Petro, añadió la magistrada. Esas demandas podrían o no ser acumuladas y se estudiarán en los próximos días, dijo.

Definitivamente fuera

El alcalde, el segundo funcionario de elección popular más importante del país después del presidente de la República, podrá además evitar su salida si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concede medidas cautelares para suspender su destitución, siempre y cuando esas medidas se den antes de que la Presidencia emita el decreto que ejecuta la designación de un burgomaestre interino, según explicó en diálogo telefónico Rafael Barrios, uno de los abogados de Petro.

Ahora se espera que la Comisión se pronuncie lo más pronto posible porque en caso de que se emita el decreto presidencial, Petro quedará definitivamente fuera de la alcaldía, añadió Barrios. "Nosotros esperamos que la Comisión actúe hoy o a más tardar mañana", añadió el abogado.

Según las normas colombianas, el presidente Juan Manuel Santos es quien debe emitir un decreto en que haga efectiva la destitución y designe a un alcalde interino, sin que las leyes digan qué plazo tiene para ello, de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio de Justicia. Si el decreto es emitido antes de las medidas de la Comisión, el alcalde queda definitivamente fuera, indicó el abogado defensor de Petro. Santos ha dicho que cumplirá las normas colombianas.

Razones políticas

Petro, un ex senador de 53 años con un pasado de militancia en la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), lucha judicialmente desde diciembre pasado para evitar la sanción de salir de sus funciones y no poder ejercer cargos públicos por 15 años, que le impuso la Procuraduría General debido a un caso en el que el alcalde cambió por decreto a fines de 2012 el sistema de recolección de basuras de Bogotá, con ocho millones de habitantes. 

La Procuraduría, que ha impuesto sanciones similares a decenas de funcionarios de todas las tendencias, alegó que Petro violó normas de la libre competencia y empresa, al entregar por decreto la recolección de basuras a la empresa estatal de aguas de la ciudad, que por tres días se vio superada en su nueva labor.

El alcalde, que solicitó las medidas a la Comisión Interamericana a fines de 2013 y comienzos de este año, revirtió parte de su decisión y aún algunas de las empresas privadas que recogían la basura, lo siguen haciendo. 

Petro niega cualquier falta y ha dicho que su caso se basó en razones políticas e ideológicas porque el procurador general Alejandro Ordóñez, visto como un ultraconservador, rechaza a los sectores de izquierda y liberales.