Agencias
DALLAS, Texas.- Un 47 por ciento de los indocumentados residentes en Estados Unidos son ahora elegibles para algún tipo de alivio migratorio bajo las acciones anunciadas por el presidente Barack Obama o por programas ya existentes, según un estudio.

De acuerdo con un análisis emitido este viernes por el Centro de Investigación Pew, la acción ejecutiva anunciada el jueves pasado por Obama extiende el amparo contra la deportación a casi la mitad de los 11.2 millones de indocumentados que se cree residen en el país.

Estimó que los indocumentados originarios de México suman las dos terceras partes de las personas que serán elegibles bajo la nueva orden ejecutiva de Obama, de acuerdo con Notimex.

Además de que el 43 por ciento de los indocumentados mexicanos podrán ahora aplicar para protección contra la deportación, bajo los nuevos programas, comparado con el 23 por ciento de inmigrantes provenientes de otras partes del mundo.

La acción del presidente beneficia principalmente a los indocumentados que tienen hijos nacidos en Estados Unidos o que son residentes legales permanentes de este país y que llegaron al país desde hace cuando menos cinco años.

Unos 3.5 millones de inmigrantes indocumentados calificaran bajo esta condición, según los analistas del Pew. De ellos, unos 700 mil tienen hijos mayores de edad y los 2.8 millones restantes tienen hijos menores de 18 años.

Sin otros beneficios

Las nuevas medidas también amplia la “admisibilidad” del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que beneficia a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños.

La orden de Obama autorizará a que unos 235 mil inmigrantes más se sumen a este programa, al eliminarse el requisito de tener 30 o menos años de edad para poder aplicar.

Además, el programa autorizará a los jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños antes del 1 de enero de 2010, una ampliación a la fecha que tenía antes, que era del 15 de junio de 2007.

La acción ejecutiva del presidente otorgará a los indocumentados que califiquen un alivio contra la deportación hasta por tres años y permisos de trabajo, pero no serán elegibles para otros beneficios gubernamentales, incluyendo subsidios bajo La ley de Salud Accesible.