Agencias
DUBAI.- Arabia Saudí puso el domingo en vigencia una nueva ley radical contra el terrorismo que, según defensores de los derechos humanos, permite a las autoridades enjuiciar como terrorista a quien exija reformas, sea disidente o haga denuncias de corrupción.

De acuerdo con la normativa, puede ser considerado un acto de terrorismo cualquier acción que "socave" al Estado o la sociedad, incluidos los llamados para un cambio de régimen en Arabia Saudí.

También, informa AP, concede a las fuerzas de seguridad amplias facultades para que registren viviendas así como para que rastreen las llamadas telefónicas y la navegación en internet.

Los activistas que defienden los derechos humanos expresaron su alarma ante la medida y dijeron que tiene claramente el propósito de preservar el régimen de la familia Al Saud en el reino, en un contexto de exigencias para una reforma democrática cuyo clamor se ha intensificado desde el inicio de la oleada de protestas que sacudieron el mundo árabe en 2011 y en la que fueron derrocados gobernantes autocráticos que se habían mantenido mucho tiempo en el poder.

El activista saudí Abdulaziz al-Shubaily describió la ley como una "catástrofe".

"La nueva ley es draconiana en espíritu y letra, y existen todas las razones para temer que las autoridades la utilizarán amplia y ansiosamente contra la disidencia pacífica", advirtió por su parte el investigador de derechos humanos Adam Coogle.

El gabinete aprobó la medida el 16 de diciembre y después la ratificó el rey Abdulá. La ley fue publicada completa el viernes por primera vez en la gaceta oficial Um Al-Qura.

En defensa de la normativa, el ministro saudí de cultura e información, Abdel Aziz Joya, dijo en diciembre que ésta crea un equilibrio entre la prevención del delito y la protección de los derechos humanos en apego a la ley islámica.

Arabia Saudí es una de las últimas monarquías absolutas del mundo y todas las decisiones recaen en el rey Abdulá, de 89 años. No hay parlamento.

Las leyes escritas son escasas y los jueces tienen amplio margen para imponer veredictos y sentencias, en su aplicación de la estricta interpretación wahhabi del islam en el país.