Agencias
BUENOS AIRES, Argentina.- Sindicatos y organizaciones sociales dieron el viernes un ultimátum al gobierno de Mauricio Macri para que corrija el rumbo de su política económica y frene el crecimiento de la pobreza en Argentina.

"Se terminaron los tiempos que tenían para gobernar, queremos respuestas ya", dijo Carlos Acuña, uno de los líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central sindical del país, durante un multitudinario acto frente al Congreso junto a movimientos sociales para exigir la aprobación una ley de Emergencia Social y Alimentaria.

La iniciativa, que entre otros puntos establece un aumento de los subsidios a los sectores más vulnerables de la población, logró media sanción en el Senado esta semana gracias a los votos del peronismo opositor. Su debate en la cámara de diputados por ahora está en suspenso debido al rechazo del oficialismo.

"Este es un gobierno de pocos para pocos, es un gobierno de ricos para ricos. Desde que ha llegado ha implementado políticas que han perjudicado al pueblo y a los trabajadores. Por eso el pueblo está en la calle", afirmó Lito Borello, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.

Pobreza agudizada

La pobreza escaló a 32.2% según datos oficiales revelados recientemente por el gobierno de Macri, después de años en los que su antecesora Cristina Fernández (2003-2007) ocultó la verdadera dimensión del problema. El mal se agudizó en los últimos meses en el marco de una inflación de más del 40% interanual, recesión y el aumento de las tarifas de los servicios públicos, entre otras medidas de ajuste aplicadas por el Ejecutivo.

"No sólo venimos a pedir la emergencia (social), venimos a decirle que la terminen con los despidos...", apuntó Juan Carlos Schmid, otro de los referentes de la CGT, organización que con la movilización de este viernes marcó un quiebre de la postura conciliadora que había mantenido con el gobierno.

El proyecto de Emergencia Social propone un aumento de alrededor de 15% en los fondos destinados a varias ayudas -como el apoyo monetario a familias pobres por casa hijo que tienen-, declarar la emergencia alimentaria por un año en todo el país, aumento del 50% en presupuesto previsto para partidas alimentarias y nutricionales y la creación de un millón de empleos formales mediante la reconversión de planes de asistencia.

El gobierno rechaza la iniciativa bajo el argumento de que provocaría un incremento del déficit fiscal, al cual pretende recortar a 4% del Producto Interno Bruto para 2017.

Malestar social

Como el oficialismo no controla ninguna de las dos cámaras del Congreso, el gobierno tiene como alternativa el veto presidencial en caso de que se aprueba la emergencia social, tal como ya lo hizo Macri meses atrás con una ley que prohibía los despidos por un año. Pero a diferencia de aquel momento los sindicatos no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados.

Pablo Micheli, secretario general de una de las ramas de la combativa Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que participa en las manifestaciones, advirtió que si la ley es aprobada y el presidente decide vetarla "se va a complicar" el malestar social con protestas para fin de año.