20 de Septiembre de 2018

Mundo

Brasil, un paraiso... de impunidad

La justicia brasileña es duramente cuestionada por los ciudadanos debido a los insuficientes castigos impuestos a políticos corruptos.

El caso Petrobas ha expuesto la corrupción que existe en la clases política y empresarial de Brasil. Este jueves un funcionario más, el  jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, fue vinculado en el caso "Petrolao" al ser acusado de recibir sobornos. (AP)
El caso Petrobas ha expuesto la corrupción que existe en la clases política y empresarial de Brasil. Este jueves un funcionario más, el jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, fue vinculado en el caso "Petrolao" al ser acusado de recibir sobornos. (AP)
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Agencias
BRASILIA, Brasil.- "Vivimos en el paraíso de la impunidad de los delincuentes de cuellos blanco", afirmó este jueves Deltan Dallagnol, jefe del equipo de fiscales a cargo del proceso contra políticos y empresarios envueltos en el escándalo del "Petrolao".

El jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, fue denunciado este jueves por la Justicia suiza de haber cobrado sobornos por contratos de Petrobras y otras compañías en Africa.

El procurador Dallangol afirmó que raramente cumplen sus condenas aquellos imputados que cuentan con recursos para pagar a "abogados habilidosos que cobran sus servicios a precio de oro".

Dallangol y otros fiscales cuestionan el instituto del foro privilegiado para congresistas y autoridades del Poder Ejecutivo, que se valen de esa prerrogativa para cometer ilícitos, afirman.

Castigos de 'risa'

La causa abierta por la Procuraduría de Suiza fue girada a Brasil donde Cunha, por tener foro especial, sólo puede ser juzgado por los once ministros del Supremo Tribunal Federal, circunstancia que contribuye a la prolongación del proceso.

Y en el caso de que sea condenado Cunha y otros incursos en sobornos o delitos similares reciben sanciones que "parecen bromas de mal gusto, porque a pesar de que la pena máxima prevista sea de 12 años, la tradición nacional indica que se les aplica generalmente la pena mínima de 2 años".

El fiscal Dallangol y otros colegas lanzaron una campaña nacional de recolección de firmas para un proyecto de iniciativa popular que agrave las condenas contra quienes cometen actos de corrupción, y que los castigos sean más severos con los funcionarios públicos.

La campaña ganó fuerza al calor de la causa "Lava Jato" (Lavado Rápido) que se lleva adelante contra los políticos del oficialista PT y otros partidos, como Cunha, sospechados de cobrar propinas de cientos de millones de dólares para facilitar contratos con Petrobras.

(Información de Ansalatina.com)

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