Agencias
BRASILIA, Brasil.- Separados solo por un bulevar, en la capital de Brasil se levantan dos campamentos de manifestantes con opiniones contrarias que ponen de manifiesto la importante división ideológica del país que se ve reflejada en la Cámara de Diputados, donde los legisladores debaten si la presidenta Dilma Rousseff debe ser llevada a juicio político.

A un lado del emblemático Eixo Monumental de Brasilia, que atraviesa el centro de la ciudad y desemboca en el Parlamento, varios cientos de críticos han erigido carpas, adornadas con banderas brasileñas. Al fondo se escucha el himno nacional.

Acusan a la presidenta del mal momento económico del país y de los casos de corrupción, que se reflejan en los elevados impuestos y el mal estado de hospitales públicos, escuelas y otros servicios básicos. Alegan que un nuevo inicio con un nuevo presidente es la única esperanza para insuflar aire en una economía que se espera se contraiga alrededor de un 4% este año, informa The Associated Press.

"Queremos un cambio", dijo uno de estos manifestantes, Joao Pedro Netto, una de las personas que han acampado aquí y que apoyan un juicio político. Viajó durante más de 24 horas en autobús para llegar a Brasilia desde su casa en el estado central de Minas Gerais. "Si Brasil sigue así, va a hundirse", insistió.

Los contrarios

Al otro lado de la calle, varios miles de partidarios de Rousseff levantaron su propia ciudad improvisada de carpas, donde también duermen en hamacas y se alimentan de arroz y frijoles servidos por voluntarios en cocinas comunitarias.

En su mayoría son sindicalistas y activistas a favor de la reforma de la tierra, pobres y de piel oscura, que llegaron en autobuses desde todas las partes del país para defender a Rousseff y a su formación, el izquierdista Partido de los Trabajadores, al que responsabilizan de los importantes avances que han tenido en sus vidas.

Alegan que el debate sobre el juicio político en la cercana Cámara de Diputados, donde se espera que se realice la votación el domingo, es un intento de las élites brasileñas para recuperar el poder tras 13 años de dominio del Partido de los Trabajadores.

Discurso de Lula

El campamento fue el escenario de una estridente manifestación en las primeras horas del sábado. El predecesor de Rousseff y su mentor, el carismático expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, pronunció un encendido discurso a los presentes, calificando el juicio político como un intento para hacer retroceder los logros recientes en favor de los pobres.

"Me parece que a la elite brasileña no le gusta la democracia", dijo Lula, con la voz ronca de tanto hablar. "Cuando los pobres empezaron a subir a la escala social, ellos se sintieron incómodos", aseguró.

Lula estuvo flanqueado por tantos líderes sindicales e indígenas, activistas y seguidores del partido que los organizadores les pidieron a algunos que bajaran del escenario antes de que cayera por su peso.

La crucial votación del domingo en la Cámara de Diputados determinará si el proceso de juicio político se envía al Senado. Los impulsores de la iniciativa necesitan el respaldo de dos tercios de los diputados, es decir, 342 votos de 513. Los cálculos de los principales medios locales muestran que estarían cerca de esa cifra.

Quienes promueven el juicio político alegan que el gobierno de Rousseff burló la ley fiscal brasileña para elevar el gasto público pese a la débil economía nacional. Rousseff defiende que esa es una práctica habitual e insiste en que no cometió delito alguno mientras denuncia el proceso en su contra como "golpe de Estado".

"El proceso en mi contra que se está examinando en el Congreso no es más que un fraude, el mayor fraude político y judicial en la historia de nuestro país", dijo Rousseff en un discurso pregrabado y difundido la noche del viernes en la sede del Partido de los Trabajadores y en varios sitios web.

Constitución 'en pedazos'

En un artículo firmado que fue publicado el sábado por el diario Folha de S. Paulo, Rousseff opinó que un "Juicio político para un presidente que no ha cometido un delito de responsabilidad equivale a romper en pedazos la constitución brasileña".

"Oponerse y criticar mi gobierno es parte de la democracia", escribió. "Pero el derrocamiento de una presidenta elegida legítimamente que no cometió ningún delito no es parte de la democracia. Se trata de un golpe de Estado", recalcó.

La ironía de la ubicación del campamento de los partidarios de la presidenta no pasó desapercibida para sus rivales del otro lado de la calle. Sus tiendas están sobre el estacionamiento del estadio Mané Garrincha, que se sometió a una remodelación de 900 millones de dólares para el Mundial de 2014, convirtiéndose en el segundo campo más caro del mundo. Y esto a pesar de que en Brasilia no hay un equipo de primera división que pueda utilizarlo.

Este tipo inversiones sin sentido fue uno de los factores que provocó el malestar contra el gobierno. La lucha contra la corrupción ha sido el grito de guerra de los opositores a Rousseff, alimentando protestas multitudinarias en los últimos meses mientras crece la investigación por supuesta corrupción en torno a la empresa estatal de petróleo Petrobras.

Aunque Netto y otros partidarios del juicio político quieren la salida de Rousseff, están preocupados por la fiabilidad de la próxima remesa de líderes.

Si la Cámara de Diputados vota enviar el proceso de destitución al Senado y la cámara alta decide abrir un juicio contra Rousseff, esta sería suspendida y el vicepresidente, Michel Temer, tomaría el control del país, pero Temer está implicado en la gran trama de corrupción de Petrobras. El siguiente en la línea de sucesión seria el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, también implicado en el entramado que salpica a la firma estatal.

La crisis política se ha prolongado durante meses, paralizando los intentos de reactivar la economía y la lucha contra un brote del virus del zika. El país se prepara además para albergar los Juegos Olímpicos el próximo agosto.

"Este problema ha sido una herida abierta durante mucho tiempo", dijo Leonardo Picciani, un diputado por el estado de Río de Janeiro contrario a la posición de su partido en favor de juicio político a Rousseff. "Debe cerrarse el domingo, sea cual sea el resultado".

Los manifestantes, por si parte, no están tan seguros.

Ambos bandos se comprometieron a mantenerse en la calle hasta que sus representantes declaren una victoria definitiva.

"Si Brasil sigue así, se va a hundir", dijo Netto.