Cacería de inversionistas, golpea a Panamá

La Comisión Europea lo clasifica en “lista negra”, por ser un país de alto riesgo con deficiencias estratégicas en su régimen de justicia.
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Especial.
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PANAMÁ.- Como una muestra más que el sistema de justicia de Panamá es deficiente, la Comisión Europea incluyó la semana pasada a esta nación, en su nueva lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y su financiación del terrorismo, junto a otros diez estados, repitiendo esta hazaña sistemáticamente, ya que en febrero del año pasado, había recibido la misma nota.

Aunque el Ejecutivo Comunitario, ya había incluido a Panamá en una lista de países con normativas que podrían facilitar el blanqueo y financiación del terrorismo junto a otros 22 estados y jurisdicciones de todo el mundo, no ha habido voluntad por parte del aparato de justicia panameño, para que su reputación, que hoy es pisoteada a nivel internacional, hubiese escalado a un nivel más decoroso, por el contrario, la Procuraduría General de la Nación, a cargo de Eduardo Ulloa Miranda, se ha esmerado para hundir en el lodo a esta institución.

El papel que juega Panamá en esta deshonrosa lista, ha sido en base a su mal desempeño para combatir el lavado de dinero, utilizando métodos ilegítimos y anticonstitucionales, desplegando todo su aparato de justicia contra gente inocente, para justificar la ineficiencia de sus funcionarios encargados de este desafío, producto de tratados internacionales, el cual les ha quedado muy grande.

Es muy claro que el señalamiento de la Comisión Internacional cobra mayor relevancia en este momento que se ha desatado una cacería contra inversionistas extranjeros en este país, lo que podría llevar a Panamá a la aplicación de sanciones, restricciones en las relaciones comerciales o imposibilidad de acceder a las ayudas al desarrollo.

Una de las víctimas de esta cacería por parte de la Procuraduría General de la Nación, es un empresario mexicano quien acusa que todo esto se trata de un vil fraude enmascarado, un proceso inhumado que ha afectado a su familia, a su negocio y a su persona.

En medio de esta pandemia mundial del Covid-19, donde todos sobreviven con sus ahorros, se cumplen ya ocho meses desde que las autoridades panameñas le confiscaron ilegalmente todo su patrimonio y que incluyó el congelamiento de sus cuentas, situación que lo mantiene en un estado de vulnerabilidad.

A través de su abogado Jamis Acosta, el empresario reitera su repudio contra este acto de injusticia, donde los fiscales Isis Soto, Marcos Mosquera y Ricauter Gonzales, tienen que ser llamados por la Corte de Panamá o un tribunal internacional, para que expliquen bajo qué sustento ordenaron bloquear las cuentas bancarias de una persona inocente, en un prostituido y manoseado expediente, sin haber presentado hasta el momento, ninguna prueba o sospecha real, en clara violación a sus más elementales derechos humanos.

En su más reciente comunicado, Bruselas explica que, a falta de aplicar una nueva metodología, ha revisado su lista, teniendo en cuenta el desarrollo de los acontecimientos a nivel internacional desde el 2018, y precisa que la nueva lista está “mejor alineada” con las publicadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional.

Lamentablemente la Comisión Europea ha etiquetado a Panamá como un país de alto riesgo con deficiencias estratégicas en su régimen, contra el blanqueo de dinero, donde los bancos y otras instituciones financieras, tienen que tomar precauciones adicionales, al realizar transacciones con estos países terceros.