EFE
ASUNCIÓN, Paraguay.- Cinco campesinos paraguayos acusados de intento de homicidio por una matanza en 2012 han puesto fin a 58 días de huelga de hambre después de que un tribunal aceptara sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, informó hoy a Efe su abogado, Vicente Morales.

Decidieron acabar con su medida de presión el sábado por la noche tras conocer el fallo judicial, y han iniciado una etapa de alimentación gradual bajo supervisión médica, explicó el letrado.

El Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá decidió que esperen en sus casas el juicio, marcado para junio, tras recibir un informe médico que afirmaba que los campesinos "se encuentran descompensados, y con un alto riesgo de complicación clínica, de consecuencias impredecibles", según el fallo.

La fiscalía, que hasta ahora se había opuesto al arresto domiciliario, cambió de parecer y apoyó la petición de la defensa.

"El Ministerio Público no puede estar ajeno a que la vida humana de los mismos se encuentre en juego, independientemente de que esta circunstancia haya sido generada voluntariamente", aseveró, según aparece en el dictamen del tribunal.

Con su decisión, esa corte revocó el fallo que emitió el pasado miércoles en el que negó el arresto domiciliario "al no determinarse enfermedad grave o terminal".

Los hechos

Los detenidos formaban parte de un grupo de campesinos que invadieron unas tierras cuya propiedad se disputan el Estado y la familia del fallecido Blas Riquelme, quien fue un importante miembro del Partido Colorado, actualmente en el poder.

Las ocuparon para forzar a que formaran parte de la reforma agraria, pero cuando efectivos policiales intentaron desalojarlos se produjo un enfrentamiento en el que murieron seis agentes y once campesinos.

Los detenidos están acusados de intento de homicidio por la muerte de los policías, pero no hay imputados por el fallecimiento de sus once compañeros en el choque, ocurrido en una zona rural del municipio de Curuguaty, a unos 250 kilómetros al este de Asunción.

La matanza llevó a la destitución una semana después por parte del Congreso del entonces presidente, Fernando Lugo, tras un controvertido juicio político, y al nombramiento en su lugar de Federico Franco, del Partido Liberal.

Pequeño paso

Los campesinos por ahora se quedarán en el hospital militar donde están internados, hasta que el Ministerio de Justicia tome una decisión al respecto, según Morales, quien indicó que la defensa quiere su traslado a un hospital civil.

El abogado estimó que podrían volver a sus casas entre cinco y ocho días, una vez que se repongan de la huelga de hambre.

"Me siento muy fortalecido. Ha sido un pequeño paso. Se hizo no más justicia", dijo Morales.

El letrado opinó que la presión internacional contribuyó a convencer a los tres jueces del tribunal a aceptar su arresto en sus domicilios, donde estarán custodiados permanentemente por la policía, según el fallo.

"Esto cada vez está más a la luz del mundo", aseveró.

Setenta organizaciones, según Morales, respaldan una petición presentada por la defensa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que emita medidas cautelares en favor de los campesinos con el argumento de que el proceso "está plagado de irregularidades".

Pruebas desaparecidas

La defensa alega, entre otras cosas, que durante la investigación desaparecieron pruebas como casquillos de balas de armas automáticas, que demostraban, en su opinión, que los disparos contra la Policía no procedieron de las escopetas de los labriegos.

La fiscalía, por su parte, niega que haya desaparecido ninguna evidencia.

Entre las entidades que respaldan la petición a la CIDH están la organización no gubernamental Oxfam, la Fundación Internacional Baltasar Garzón, que encabeza el exjuez español, el Instituto de Estudios Políticos para América latina y África (IEPALA) y la Cátedra Unesco de Sostenibilidad y Derechos Humanos de la Universidad Politécnica de Cataluña.

La defensa solicitó a la CIDH la suspensión del juicio hasta que se determine la titularidad de las tierras en disputa, pues alega que no se puede acusar a los campesinos de invadir un inmueble ajeno si no está claro a quién pertenece.