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BRUSELAS.- El ex presidente Carles Puigdemont y los cuatro ex consejeros huidos en Bélgica se han entregado voluntariamente a las 9:17 de esta mañana en una comisaría de Bruselas, donde se les notificó la orden europea de arresto que pesa contra ellos por rebelión, sedición, malversación de fondos, desobediencia a la autoridad y prevaricación.

La Fiscalía de lBruselas ha confirmado en rueda de prensa que los políticos independentistas se han presentado en las céntricas dependencias policiales situadas en el número 202 de la rue Royale, tal como habían pactado con las autoridades judiciales, informó el portal El País.

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Desde allí se han trasladado hasta el edificio de la fiscalía, donde se encuentran en estos momentos detenidos en compañía de sus abogados. Esta tarde se les tomará declaración en presencia de un intérprete, dado que Puigdemont y sus ex consejeros han elegido que la audiencia ante el juez se desarrolle en neerlandés, el idioma del letrado que les representa en Bélgica, Paul Bekaert.

Con su entrega voluntaria, los miembros del Govern han evitado la imagen de su arresto por parte de la policía. Ahora se inicia un proceso que puede demorarse en torno a tres meses. El juez tendrá un máximo de 24 horas —hasta las 9.17 del lunes— para decidir entre dos opciones: mantener a Puigdemont y sus compañeros del Govern en prisión preventiva mientras la justicia belga decide sobre la euroorden, o dejarlos en libertad bajo ciertas condiciones.

Después será el turno de la Cámara del Consejo, la primera instancia judicial. Tendrá 15 días para pronunciarse sobre su entrega a la justicia española, pero su decisión podrá ser recurrida sucesivamente ante la Corte de Apelación y la de Casación, lo cual permitiría a Puigdemont seguir en Bélgica hasta enero o febrero y hacer desde allí la campaña de unas elecciones para las que se ha propuesto como candidato y ha pedido una lista unitaria independentista.

Los abogados de Puigdemont y de los ex miembros de su gabinete que siguen en Bruselas, Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) habían mantenido contacto con las autoridades judiciales belgas para concretar cómo se realizaría la entrega. Gonzalo Boye, letrado de Comín y Serrell, ha destacado su actitud de colaboración. "Nos personamos voluntariamente en la Audiencia Nacional y, ahora, ante autoridades belgas. No hay miedo a la justicia sino a la injusticia".