Agencias
BUENOS AIRES, Argentina.- El represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, detenido en el año 2000 en México, es el único de los 67 militares imputados por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que acude a las audiencias en donde testifican las víctimas.

A sus 62 años Cavallo es trasladado tres veces por semana desde la cárcel de Marcos Paz, en Buenos Aires, a los tribunales de Comodoro Py, para atender los juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA.

La ESMA, como recalca Notimex, fue uno de los centros de exterminio de presos políticos más grandes de América Latina. 

Hasta ahora ha ido al tercer juicio, siendo que el primero inició en noviembre del año pasado y se prevé que termine a fines de 2014.

Cavallo atiende el proceso más importante en materia de derechos humanos a nivel internacional, por el cúmulo de agraviados, pues es responsable de 67 imputados, 789 víctimas y 830 testigos.

Sólo una decena de los acusados ha sido condenada en juicios anteriores, entre ellos Cavallo, aunque los fallos aún no están firmes.

Ahora, por primera vez, se investigará a quienes participaron en los llamados "vuelos de la muerte", como se llamaban a los secuestros de la ESMA, donde estuvieron cerca de cinco mil presos políticos, muchos de los cuales luego eran subidos a aviones militares para ser tirados vivos al Mar Atlántico o al Río de la Plata.

Cavallo fue uno de los principales jefes de la ESMA, en donde lo llamaban "Sérpico". Las víctimas de ESMA, en muchas ocasiones, se refieren en su presencia a los tormentos que él mismo les infringió.

Pero el represor nunca mira a los testigos. Todo el tiempo permanece pendiente de una computadora portátil en la que abre archivos y escribe, y a ratos sólo comenta en voz baja algo con Rosana Marini, su abogada de oficio.

Cavallo secuestró, torturó y asesinó a sus víctimas, a quienes llegó a confiscarles sus bienes para beneficio personal. Por este motivo, el represor amasó una fortuna que le ayudó a emprender negocios en México, como la empresa Talsud, que iba a manejar el Registro Nacional de Vehículos.

El 24 de agosto de 2000 terminó su periodo de éxito empresarial cuando un periódico mexicano reveló su pasado en la dictadura militar.

Desde entonces comenzó a recorrer las cárceles mexicanas y españolas, países que demandaron hacerle justicia, hasta que finalmente fue extraditado a Argentina a mediados de 2008.