Agencias
LOS FRESNOS, Texas.- Hacía rato que el muchacho cachetón de ojos marrones de 17 años no se sentía un niño. Llevaba meses tratando de llegar a Estados Unidos en los techos de trenes de carga, escondido entre secuestradores, muerto de frío en una celda de la Patrulla de Fronteras.

Cuando fue apresado en pleno invierno en un refugio para niños inmigrantes que están en el país ilegalmente y solos, el centro de detención le pareció casi un campamento de verano.

En ese oasis en una zona rural de Texas cerca de la frontera con México, los niños corrían detrás de pelotas de fútbol bajo el sol. Había comida caliente y el personal les sonreía.

El joven le contó al Houston Chronicle que un empleado le regalaba cosas, como pulseras tejidas y pilas para su reproductor de música MP3, para premiar su buen comportamiento.

El niño hondureño no le dio mucha importancia a todo eso, hasta la noche en que el empleado se metió en su cama cuando apagaron las luces.

Una cantidad sin precedentes de niños y adolescentes como el inmigrante hondureño que están ilegalmente en Estados Unidos sin sus padres o un tutor van a parar a una red de centros de detención del gobierno federal de la que se habla muy poco.

Se espera que este año 60 mil niños vayan a parar a esos centros, casi diez veces los seis mil 560 del 2011, según estimados del gobierno.

Los menores son alojados en más de 90 refugios, casas temporales y centros de detención que han sido aprobados por los estados, que el gobierno describe como "sitios seguros". La mayoría de los muchachos son bien tratados.

Pero una investigación del Houston Chronicle comprobó que muchos jóvenes son víctimas de abusos por parte de las personas que se supone los deben proteger.

El sistema no ha sido capaz de castigar a los responsables a pesar de una ley federal por la cual cualquier contacto sexual con un detenido es un delito que puede recibir hasta 15 años de cárcel, según la investigación.

Se desconoce el alcance de los abusos físicos y sexuales en los centros de detención. La Oficina para la Reubicación de Refugiados (ORR), organismo federal responsable del cuidado de los menores, no tiene un sistema que permita seguir pasos a paso el proceso de investigación, desde la denuncia hasta el desenlace.

Pero por primera vez, en respuesta a una solicitud hecha por el Chronicle al amparo de la ley de libertad de información, el gobierno difundió copias de 101 "informes de incidentes significativos" ocurridos entre marzo del 2011 y marzo del 2013 con denuncias de abusos por parte del personal.

El Chronicle revisó miles de páginas de documentos de organismos nacionales, estatales y policiales de cinco estados y entrevistó a funcionarios, exempleados de los refugios y residentes.

Aquí algunas de las cosas que descubrió el Chronicle:

• Muchos menores denunciaron haber tenido algún contacto sexual --desde un beso hasta toqueteos indeseados y relaciones sexuales-- con personal de centros de detención en Texas, Florida, Nueva York e Illinois, según documentos del gobierno nacional.
• La ORR encomienda a la policía local y a agencias con licencias del estado la investigación de denuncias de abusos de menores a su cargo en lugar de acudir al FBI.
• Las investigaciones de la policía y los procuradores se desmoronan por ineficiencia, problemas de comunicación con las autoridades federales y confusión en cuanto a jurisdicciones.
• Ningún empleado de refugios ha sido procesado bajo una ley del 2008 que considera un delito cualquier contacto sexual con alguien bajo la custodia de la ORR.
• Niños bajo la custodia de la ORR en Texas fueron maltratados mientras dormían, hostigados sexualmente y seducidos por el personal en la última década, de acuerdo con investigaciones policiales y de organismos estatales. Los empujaron, patearon, golpearon y amenazaron con ser deportados si denunciaban los abusos, indicaron los investigadores.
• Las autoridades federales se tomaron su tiempo para fijar políticas más claras y estrictas que ayudasen a impedir los abusos y castigar a los responsables. Redactaron normas para cumplir con una Ley de Eliminación de las Violaciones en Prisión del 2003 solo después de que el Congreso les ordenó específicamente hacerlo en marzo del 2013.

El director de la ORR Eskinder Negash dijo que esa agencia está empeñada en proteger a los niños a su cargo y garantizar que cualquier abuso es denunciado e investigado.

"La seguridad y el bienestar de los niños es nuestra mayor prioridad", manifestó. "Cada vez que hay un incidente, sin importar si es algo menor, nos aseguramos de que se protegen los intereses del niño; investigamos el caso, tomamos medidas y damos cursos de capacitación".

La senadora Dianne Feinstein, demócrata de California que redactó una enmienda del 2008 que autoriza el enjuiciamiento bajo leyes federales de toda persona acusada de abuso sexual de menores a cargo de la ORR, dijo en un comunicado que se sentía "muy preocupada" por los casos mencionados por el Chronicle.

"Las autoridades federales tienen el deber de garantizar el bienestar de las personas bajo su custodia y espero que esta ley sea cumplida cabalmente", expresó.

Linda Brandmiller, abogada especializada en asuntos de inmigración de San Antonio que representa con frecuencia a menores, dijo que es vital que la red de centros de detención sea supervisada por entes independientes, sobre todo a la luz de la cantidad de menores que están quedando bajo su custodia.

Se trata de una situación que genera "abusos y el abandono de los menores", sostuvo Brandmiller. "Es algo que no pasaría en ningún otro sistema (de detención)".

Por ley, el gobierno trata a los menores de otros países, con excepción de México, que no están acompañados, distinto a los adultos. En lugar de enviarlos a centros de detención del servicio de inmigración son entregados a la ORR, que los aloja generalmente en refugios avalados por el estado. El 90 por ciento son entregados luego a parientes u otros patrocinadores de Estados Unidos mientras se ventilan sus casos.

La ORR exige que se prepare un informe del incidente en un plazo máximo de 24 horas cuando surge una denuncia. El gobierno a su vez requiere que los refugios sigan las pautas del estado para las denuncias de abusos.

El público no tiene acceso a los informes finales de las investigaciones de estos incidentes. Funcionarios de agencias estatales de defensa del menor, incluidas algunos de California, Arizona y Nueva York, se negaron a hablar de incidentes específicos al amparo de leyes que protegen a víctimas de abusos y negligencia.

La investigación del Chronicle comprobó que los problemas con los centros de detención no son nuevos. A lo largo de la última década, investigadores de Texas documentaron más de 100 incidentes graves en refugios y casas temporales para menores a cargo de la ORR. Decenas de trabajadores fueron despedidos o disciplinados en relación con abusos sexuales, físicos o de palabra, malos tratos, supervisión inadecuada o relaciones o actitudes inapropiadas.

"Esto es apenas la punta del iceberg", afirmó Michelle Brane, directora del programa de Derechos y Justicia para el Migrante de la Comisión de Refugiados de Mujeres, que observa el sistema de detención de menores no acompañados desde hace más de una década. "Me imagino que hay muchos casos de los que no sabemos nada".

Hace más de una década el Congreso le quitó a las autoridades de inmigración la responsabilidad de hacerse cargo de los menores que están en el país ilegalmente y solos, y que son detenidos, aduciendo una cantidad de abusos de ocurridos en el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización. En el 2003 esa responsabilidad fue encomendada por los legisladores a la ORR, una pequeña dependencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Esa medida generó una laguna en las leyes federales que se hizo evidente en el 2007 en Nixon, una pequeña localidad cerca de San Antonio.

El FBI se presentó para investigar denuncias de que una empleada de 41 años llamada Belinda Leal había abusado sexualmente de varios menores detenidos en un refugio de ese pueblo. Fiscales federales, sin embargo, determinaron que no tenían jurisdicción para acusar a Leal al amparo de una ley sobre abusos sexuales de empleados de centros de detención porque abarcaba exclusivamente a reos bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia.

Leal fue juzgada usando leyes estatales y condenada a siete años de prisión. Debía ser excarcelada en junio.

La ORR cerró el refugio de Nixon y se comprometió a adoptar reformas, incluida una política de "tolerancia cero" hacia los abusos.

La enmienda de Feinstein eliminó la laguna legal en las leyes federales en el 2008.

Desde entonces, la ORR no informó al FBI de ninguna denuncia de abusos de parte de sus empleados, según Jally Sualog, directora del programa de mejores de la ORR, quien dijo que ese organismo se asegura de que los refugios cumplen las leyes estatales sobre denuncias de abusos". Indicó que el FBI "deja que intervengan las autoridades locales y solo investiga si no hay organismos policiales locales involucrados".

Kelly Kleinvachter, portavoz nacional del FBI, no respondió a preguntas específicas sobre si ese organismo deja que intervengan las autoridades locales o investiga las denuncias de abusos en refugios federales.

La investigación del Chronicle comprobó que caso tras caso, las investigaciones se diluyeron en organismos locales.

Un empleado nocturno de un refugio de Brownsville se metió en la cama de un chico hondureño de 17 años y abusó de él una madrugada de julio del 2010, según declaraciones del joven y de la policía de Brownsville. 
"Soy sincero cuando digo que cometí un error y que estoy dispuesto a ir a la cárcel por él", le dijo el empleado, de 27 años, a la policía. 

El caso fue caratulado inicialmente como "indecencia con un mejor con contacto sexual". 

"No hubo arrestos porque la víctima tenía 17 años y no era considerada menor en Texas", señaló el detective del caso. Acto seguido se lo caratuló como una infracción menor Clacs C, equivalente a una multa por una violación a las leyes del tráfico. El empleado pagó una multa de 350 dólares y no tiene antecedentes policiales.

En agosto del 2011, un investigador comprobó una "relación inapropiada" de una empleada de un refugio de Harlingen con un detenido. La empleada fue despedida. 

El investigador informó a la policía local que había "recibido información de una relación sexual entre un chico de 17 años y una empleada de 51". 

La policía fue al refugio a investigar nueve meses después, luego de que un periodista se interesó en el caso. Y determinó que, debido a que el refugio no era una escuela ni una cárcel, y la víctima tenía 17 años --la edad de consentimiento en Texas-- no había habido delito.

"Los casos se desmoronan", dijo Brane. "Hay mucha confusión acerca de qué hay que hacer y quién debe hacerlo".

En el refugio de Los Fresnos, el chico de 17 años no abrió la boca durante más de 24 horas.

Solo lloró.

Un maestro del refugio, administrado por la empresa sin fines de lucro International Educational Services Inc., le preguntó qué le pasaba, recuerda el muchacho. El chico le dijo que un empleado se había metido en su cama y lo había violado.

"Me dijo que algo malo me pasaría si se lo contaba a alguien", expresó.

El maestro hizo la denuncia y el empleado fue suspendido y luego renunció. En febrero del 2009 fue detenido en el condado de Cameron bajo sospecha de haber cometido un acto indecente con un menor.

Sam Smith, subprocurador del condado, describió lo que pasó cuando un investigador fue al refugio a buscar al menor para prepararlo para el juicio. "'¿Dónde está (el muchacho)?', preguntamos. `No sabemos', nos respondieron".

El juez tuvo que desestimar el caso al no contarse con el testigo principal.

El director del refugio, Roberto Lerma, se abstuvo de hacer declaraciones.

El empleado quedó en libertad. No respondió a numerosas llamadas telefónicas a su casa de Brownsville y su abogado tampoco devolvió llamadas.

(Reportaje de Susan Carroll de Houston Chronicle)