25 de Septiembre de 2018

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Chile confirma condenas a exmilitares acusados de 23 crímenes

La segunda sala del máximo tribunal rechazó los recursos de casación presentados por la defensa y ratificó las sentencias de la Corte de Apelaciones.

Las condenas confirmadas por la Corte Suprema de Chile van de penas de entre cinco y 20 años de cárcel contra tres oficiales retirados del Ejército.(Archivo/EFE)
Las condenas confirmadas por la Corte Suprema de Chile van de penas de entre cinco y 20 años de cárcel contra tres oficiales retirados del Ejército.(Archivo/EFE)
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EFE
SANTIAGO, Chile.- La Corte Suprema de Chile confirmó este viernes las condenas a penas de entre cinco y 20 años de cárcel contra tres oficiales retirados del Ejército por su participación en el secuestro y homicidio de 23 trabajadores en el sur del país, después del golpe de Estado de 1973.

Según informaron fuentes judiciales, la segunda sala del máximo tribunal rechazó los recursos de casación presentados por la defensa de los militares y ratificó las condenas que dictó con anterioridad la Corte de Apelaciones.

El general en retiro Patricio Martínez Moena fue condenado a 20 años de cárcel, el coronel retirado Walter Klug a 10 años y un día de prisión e Ismael Espinoza a cinco años, aunque podrá cumplir la pena en libertad.

Los condenados están acusados de participar en la ejecución y desaparición de 23 trabajadores de dos centrales hidroeléctricas en el sector cordillerano de Los Ángeles, en la sureña región del Bío Bío, entre el 11 de septiembre y el 17 de noviembre de 1973.

Según el fallo, siete de ellos fueron ejecutados y el resto desaparecidos.

Las 23 víctimas trabajaban en las centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico, y vivían junto a sus familias en pequeños poblados rurales del sector o en campamentos de las propias centrales.

Después del golpe de Estado de Augusto Pinochet, los trabajadores, que eran partidarios del derrocado presidente Salvador Allende, fueron perseguidos y detenidos por agentes estatales con el argumento que pretendían atacar centros de detención para liberar a opositores al régimen, señaló el fallo judicial.

En el aspecto civil, la sala penal de la Corte Suprema ratificó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de 50 millones de pesos (unos 85 mil dólares) a los familiares de nueve de las víctimas.

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